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Sobre el Federalismo en Argentina
 
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20/03/2009 00:00

Exposición de la Dra. Margarita Stolbizer, en el Seminario RAP - Hacia una Visión País Compartida – “El Federalismo en Argentina”, realizado en la Universidad Austral el día 22 de septiembre de 2008. También participaron como expositores Sergio Berensztein, María Angélica Gelli, Osvaldo Giordano, Miguel Braun, Oscar Cetrángolo, Rodolfo Ocaranza, Ernesto Sanz y Juan José Llach.

Es importante tratar el federalismo y los partidos políticos. Es imposible deslindar ambas cuestiones y ambos debates, porque el federalismo como se planteó, no tiene que ver, solamente, con un problema de administración o reparto de recursos. Tiene que ver, tal vez, principalmente con ese tema, pero no exclusivamente con él. La discusión del federalismo vinculada con la coparticipación, es uno de los temas estructurales y estratégicos hoy en la Argentina, pero no se puede avanzar sobre él sin hablar de otras cuestiones también estratégicas y estructurales, como es una reforma tributaria, o como se planteó hoy, la cuestión del sistema previsional, y como es también la discusión de cómo reconstituir el sistema político y el sistema de partidos. 

El gran problema hoy es que no tenemos tampoco partidos políticos nacionales que reflejen, desde los propios partidos, organizaciones de tipo federal, entonces es bastante difícil que planteemos nuestra posición respecto de un federalismo de recursos, cuando no tenemos un federalismo incorporado en el funcionamiento de nuestras organizaciones partidarias. Empiezo entonces con algo de lo que podríamos llamar, una especie de definiciones. Todos sabemos que la democracia tiene, como característica, como condición, y como valor también, que el poder democrático es limitado, siempre limitado Eso es lo bueno que tiene, y por lo tanto, esto tiene que ser también una condición para cualquier análisis posterior respecto del sistema, y lo que la Constitución establece, sabiamente, es cómo funciona esa limitación del poder, y cómo se equilibran los poderes, justamente, para que haya efectivamente una democracia real y consistente. Esos equilibrios están establecidos por la Constitución cuando define cuál es la forma de gobierno. 

La Constitución dice que nuestra forma de gobierno es representativa, republicana y federal, y cada una de estas tres definiciones es una expresión del equilibrio que debe tener para que, armoniosamente, funcionen los poderes. En el ámbito representativo, la incorporación de las minorías en la representación es la primera forma de limitar y de equilibrar el ejercicio del poder; la segunda forma, o límite, o equilibrio, es la republicana, cuando establece una división entre tres poderes que actúan independientemente, pero que al mismo tiempo están interconectados, y si algo tienen entre sí, es la obligación de control recíproco. 

Y finalmente, la otra forma de equilibrio armónico del poder democrático, es el sistema federal. La Constitución establece la vigencia de un Estado federal, y establece entonces, tres niveles de gobierno: la Nación, las provincias y los municipios. Ahora, la primera reflexión es, si esto que yo planteo es el resultado de los sabios equilibrios establecidos por la Constitución, es algo más que la letra de la Constitución, o si estamos simplemente, ante una demostración teórica de lo que queremos ser, o si efectivamente tenemos hoy un Estado federal. 

Empiezo adelantando lo que va a ser, por supuesto, la conclusión de mi presentación. Yo siento que nosotros estamos frente a un federalismo de escritura; un federalismo de la letra de la Constitución, pero si hay una crisis que hoy tiene la Argentina, es la crisis, justamente, de su sistema federal. Para que exista federalismo, lo que debe haber, por supuesto, es instituciones democráticas, que funcionen como tales, eso es lo que define el funcionamiento de un Estado federal, en el que una parte del poder del Estado corresponde a órganos de gobierno común, general, nacional, y sus decisiones se aplican en todo el territorio, la otra parte corresponde a porciones del territorio. Si algo caracteriza al Estado federal es la descentralización de tipo política, que de acuerdo a la Constitución es la que hace a la autonomía de las provincias. 

Es un presupuesto del Estado federal la existencia de provincias autónomas, que son las que dictan sus normas, deciden sus instituciones, eligen sus autoridades, se reservan poderes, mantienen unidad y cohesión con el gobierno central.

La Constitución establece, entonces, en su 1º artículo, esta suerte de los equilibrios o límites al ejercicio del poder, a través del establecimiento en su forma de gobierno. Sus artículos 2, 3 y 4 también se refieren al gobierno federal, y el artículo 5º es el que establece que cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo, republicano, de acuerdo a principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Ésto que hablaba hoy María Angélica Gelli, en la mañana, respecto de lo cual a mi me quedó también alguna pregunta pendiente en el aire: cuando en la Constitución exigen también, como parte de lo que son las condiciones para tener Estados provinciales autónomos, que estos tienen que tener Constituciones que aseguren la vigencia de la justicia, de la educación y del régimen municipal. El planteo que yo tenía, para hoy a la mañana, es si las Constituciones deben, también, incorporar en sus textos, la institucionalización de las autonomías de los municipios. Esta pregunta, sobre todo, porque la Constitución de la provincia de Buenos Aires, reformada también en el ’94, no contempla la autonomía de los municipios; y además porque parte de la experiencia, es cuando existe una demanda, o una defensa de un Estado federal en las autonomías provinciales, y en realidad, existen hacia adentro de las provincias, la repetición también de los viejos sistemas, que terminan siendo más unitarios que federales al momento, justamente, de la distribución de los recursos.

El Estado federal reconoce dos órdenes políticos, el general, como decía antes, y el local, y la Constitución establece también una garantía, la garantía federal, que es la que le da el Estado federal a las provincias, respecto a la defensa que se va a hacer de su integridad territorial, su autonomía, y a la posibilidad de ejercer su propio gobierno. Son garantías, entonces, que el Estado federal le da a las provincias. El resto de la Constitución establece también la intervención federal sobre casos de excepción, y avanza en el artículo 7 y 8, respecto del federalismo cooperativo o de concertación, que es cuando establece, en el artículo 7º, o sea, esta suerte de concertación que hay entre las provincias, que es lo que la Constitución establece, porque dice la Constitución que los actos y procedimientos de una provincia, tienen entera fe en la otra, y que los derechos que los ciudadanos tienen en una provincia, lo tiene exactamente en la otra.

El federalismo está, en definitiva, vinculado con distintos conceptos, y me parece que esto es lo importante de la visión que por lo menos yo quiero aportar dentro del federalismo. Una es la relación íntima, profunda, con el desarrollo humano, o la capacidad de alcanzar un nivel digno de calidad de vida. No sirve la discusión del federalismo simplemente para ver si a través de este sistema limitamos los poderes, distribuimos competencias, o distribuimos recursos, si cada una de estas cosas no está destinada a garantizar, a través de la vigencia del sistema, las posibilidades equitativas, igualitarias, me animaría a decir, en cuanto a las posibilidades de desarrollo humano, para quienes viven en las distintas regiones. 

Ésto está, a su vez, vinculado con la posibilidad de que esas provincias, o esas regiones, cuenten con los recursos suficientes y necesarios para poder alcanzar esos niveles de desarrollo...está vinculado, sin duda, con el poder, y con la descentralización del poder. El poder pensado, no como un fin en sí mismo, sino el poder pensado como un instrumento central de transformación a través de la incidencia que el poder da para transformar la realidad. Y por supuesto, está vinculado a la distribución de las competencias territoriales y de los recursos fiscales.

El federalismo es, en definitiva, la organización de las competencias gubernamentales de los distintos niveles, más un orden tributario, o sea que es, lo que cada Estado provincial puede y debe hacer, más los recursos suficientes para llevarlo adelante. 

La Constitución establece, además, que las provincias delegan en el Estado federal la recaudación de los recursos que les pertenecen, porque son efectivamente, las provincias las titulares de esos recursos. El Estado federal, lo que tiene, es un poder por delegación de esas provincias. 

Otra cuestión que es importante en la consideración del federalismo, es que el federalismo implica, de todos modos, preservar la unidad y la cohesión de la Nación, y que eso se hace a través de un sentido de pertenencia, que tiene que ver con integración, que tiene que ver con identidad, sobre todo, pero es importante plantear la idea de un Estado federal que conlleve también la unidad nacional, a través de integración geográfica. Estamos entonces con un sistema que funciona con competencias delegadas, distribución de poder, cooperación y responsabilidad.

Voy a pasar al artículo 121, que es el que establece, justamente, que las provincias conservan todo el poder no delegado, la distribución de las competencias que hace la Constitución, vamos a cuáles son los distintos tipos de poderes que la Constitución establece, tenemos los poderes delegados, que son las competencias propias del gobierno federal, como las relaciones internacionales o el régimen bancario; los poderes reservados, o sea, aquellos que las provincias mantienen, los que no delegan, como dictar su propia Constitución, reglamentar su comercio interno; y los poderes concurrentes, que son los que corresponden simultáneamente al gobierno federal y a los provinciales, que tiene que ver, sobre todo, con la búsqueda del progreso, como un objetivo común, y también respecto de la aplicación de algunos impuestos.

El artículo 75, en su inciso 2º, establece qué es lo que corresponde al Congreso, establece la imposición de las contribuciones indirectas, justamente, como facultad concurrente de las provincias y es la base, justamente, a partir de la cual se establecen los mecanismos de recaudación y de distribución de los recursos. De ahí, de este artículo 75, inciso 2, voy a la cláusula transitoria 6ª, que es la que ya nos incorpora al régimen de coparticipación, y es la que impone, a partir del año ’94, hacia el año ’96, la sanción de una nueva ley de coparticipación. 

La Constitución establece, además, y define, criterios objetivos para el reparto, este es uno de los datos centrales, porque esta va a ser, ahora cuando llegue al final, una de las principales críticas que tenemos respecto del sistema federal, en cuanto a la distribución de los recursos, que es la falta de cumplimiento de esos criterios objetivos y equitativos, por supuesto, para el reparto.

Yo comparto también algo que plantearon hoy en el segundo panel, respecto a por qué no se ha llegado a sancionar esta ley de coparticipación, y comparto además, la visión absolutamente negativa de que esto sea posible, solamente la imposición del requisito, de que esto deba ser aprobado por la unanimidad de todas las legislaturas provinciales, está hablando claramente, y hoy se dijo también, que ninguna provincia va a aceptar tener que ceder ni un solo punto de lo que recibe, a favor de ninguna otra; pero también coincido, esto va a ser parte de las propuestas finales, que hay otros caminos sobre los cuales deberíamos estar trabajando, sin perjuicio del terrible déficit institucional que significa tener que reconocer hoy, después de tantos años, que es casi imposible que podamos cumplir con lo que la Constitución dijo, reformada, casi, por nosotros mismos Entonces, para basar ahora sí en lo que yo ya veo como una cuestión crítica, estamos frente a un sistema constitucional, yo decía, sabio, porque nosotros tenemos una Constitución sabia, fundamentalmente, en el establecimiento de estos límites y equilibrios Ahora bien, ¿qué es lo que pone en riesgo ese equilibrio?...¿qué es lo que pone en crisis ese equilibrio?...¿qué es lo que pone en juego el funcionamiento armónico del sistema institucional, del sistema democrático, y del federalismo? Porque también creo que si no hay federalismo, no hay democracia. Ciertamente...lo que pone en crisis el federalismo, la antítesis del federalismo, es la concentración. Lo que pone en riesgo, por supuesto, este funcionamiento de un sistema armónico de equilibrio de poderes, es la concentración... es la concentración del poder, fundamentalmente, del ejercicio del poder, y es la concepción acerca del ejercicio del poder. Cuando estamos frente a una concepción, en el ejercicio del poder, autocrático, hegemónico, prácticamente ilimitado y sin controles, eso es lo que nos está poniendo hoy en crisis el sistema federal que establece la Constitución.

Y ¿qué es la concentración de poder? bueno, aquí es donde nosotros, quienes tenemos una visión realmente crítica del funcionamiento de las instituciones hoy en la Argentina, receptamos como parte de esa situaciones, el abuso de las mayorías parlamentarias, el abuso en la utilización de los decretos de necesidad y urgencia, la delegación de atribuciones y los superpoderes, que significan que, desde el Poder Ejecutivo, se han quitado competencias propias al Parlamento, que es, por supuesto, la caja de resonancia, y el ejercicio práctico de la causa federal. A ésto agrego la concentración, por un lado, la concentración en el ejercicio del poder, y por otro lado, la concentración en cuanto a la distribución de los recursos, una concentración sobre la que nosotros advertimos, arbitrariedad y discrecionalidad en la distribución de los recursos, y que esto tiene que ver con que se utilizan los recursos, y se maneja de determinada forma la distribución de ellos, con la intención de que esto sea funcional al poder político. El poder político se asienta, en gran parte también, en el manejo de los recursos. Esto, creo que hasta daría para que hacer un ejercicio filosófico, en torno al enorme poder que el dinero comienza a tener hoy en la determinación de las relaciones sociales, y en el funcionamiento de las instituciones...la enorme capacidad disciplinadora que el dinero ha llegado a tener, y que es lo que se advierte claramente cuando este manejo concentrado, discrecional y arbitrario de los recursos, termina sirviendo al fortalecimiento de un determinado proyecto político.

Agrego aquí el manejo del Presupuesto Nacional, que es la asignación de los recursos, pero es la asignación de los recursos al servicio de la determinación y de la definición de las políticas del gobierno, y de los lineamientos del gobierno. Incluyo también la subestimación, respecto de la recaudación, de los recursos con que se cuenta en el presupuesto, porque esto es una enorme masa de dinero, de miles de millones de pesos, que se sustraen de la discusión parlamentaria, o sea, de la asignación de los recursos que hace el Parlamento, y por lo tanto, se sustrae del ámbito donde los representantes de las provincias que son los que deciden adónde van a parar esos recursos, y esto afecta seriamente el federalismo, cuando los representantes de las provincias en el Parlamento, no pueden discutir, justamente, adónde van esos dineros. Estamos hablando de una suma, el año pasado, de arriba de $13.000.000.000 Por lo tanto, es bastante. El manejo de las obras públicas, la sola utilización de los fondos fiduciarios, estos fondos que también constituyen hoy una enorme masa de recursos, que se sustrae de la coparticipación, se sustrae de la discusión del Parlamento, y se sustrae de los controles; y la enorme masa de dinero que se maneja de manera centralizada del Poder Ejecutivo, sobre la que, trágicamente, no existen hoy controles. Ésto es lo que afecta seriamente, y lo que pone en crisis el federalismo, además del incumplimiento de los criterios objetivos de reparto: la equidad, la solidaridad y las prioridades, que es lo que establece la Constitución; la falta de recursos para cumplir con las competencias y obligaciones propias de cada jurisdicción territorial. Hay dos cuestiones que profundizan las distorsiones geográficas que la Argentina tiene: una es la desigualdad que existe entre las distintas provincias, no sólo en cuanto a los problemas y dificultades que tienen que afrontar, sino sobre todo, en cuanto a riquezas diferentes .por las diversas realidades regionales, los recursos naturales con que cuentan, las distancias, las dificultades de acceso, comunicación y transporte. Uno recorre la Argentina y aún las provincias más pobres tienen capacidad de generación de riqueza, pero en condiciones y con resultados muy desiguales. Lo cierto es que estamos en una Argentina con distorsiones muy graves, en cuanto a la capacidad o a la riqueza que cada territorio tiene, pero si a eso agregamos, además, la falta de recursos como para poder cumplir con las obligaciones mínimas, esto efectivamente, distorsiona al sistema federal, y además, la actual distribución de los recursos, termina profundizando esas distorsiones.

Todo esto es lo que quiebra el sistema federal, y nos pone frente a la existencia de un Estado unitario, en cuanto a la distribución de los recursos; y el Estado unitario, lisa y llanamente, lo que hace es limitar y violentar las autonomías provinciales, en las capacidades de desarrollo de las economías regionales, y sobre todo, afecta y violenta los derechos de los ciudadanos, de las personas que viven en esos lugares.

¿Cuáles son las consecuencias de la crisis del federalismo? por supuesto, el deterioro de la calidad institucional, aunque en esto podríamos hablar y terminar reconociendo que no se sabe si es el huevo, o la gallina, si la crisis del federalismo se debe a la caída de la calidad institucional, o a su vez, la crisis del federalismo es la que genera este deterioro de la calidad institucional. La consecuencia, por supuesto, más directa, como decía antes, es el deterioro de los niveles de vida, acentuando desigualdades, en cuanto a las posibilidades de desarrollo humano de quienes viven en esas provincias; un proceso de desintegración territorial, la pérdida de la cohesión.

El federalismo no debe perder el sentido de la unidad nacional, pero sin embargo, cuando tenemos hoy un problema de desintegración geográfica tan grande, fundamentalmente por falta de comunicación, en realidad, además de las disparidades que existen, esto nos lleva a un proceso de desintegración...La coparticipación es el instrumento central del federalismo, por eso es imposible hablar del federalismo sin hablar del tema de la coparticipación, es el eje del funcionamiento del sistema entre el Estado federal y las provincias, es el sistema constitucional, o que la Constitución establece para la distribución de los recursos, y reconoce que las provincias no deben ser simples beneficiarias del reparto que hacen, hoy alguien llamó “por acción del príncipe”, sino que las provincias son las generadoras, las dueñas de los recursos, y por lo tanto deben ser copartícipes en la distribución de esos recursos. 

En la situación actual, lo que se advierte es una distorsión de la distribución primaria. Venimos de un sistema de coparticipación en el cual, la Nación se quedaba, aproximadamente, con el 40% de los recursos, y repartía a la totalidad de las provincias, el 60% de los recursos Hoy, ese mecanismo, o ese porcentaje de distribución primaria, no solamente se ha revertido, sino que se ha agravado mucho más, porque la Nación se queda con el 70% de los recursos. Aproximadamente, distribuye a la totalidad de las provincias, menos del 30%, con el agravante que durante todo este camino, la Nación se desprendió de muchas funciones y servicios, en particular, transfirió escuelas y hospitales, y por lo tanto se queda con ese alto porcentaje de los recursos federales, sin prestar servicios, ni de educación, ni de salud, ni de seguridad.

Se advierte entonces, arbitrariedad y discrecionalidad en el reparto, y ésto es lo que genera una nueva forma de clientelismo. No solamente estamos frente a lo que es el clientelismo de los pobres, del sometimiento de los sectores más pobres, a los que se busca compensar por su acompañamiento a un proyecto político, a través de la entrega, de la dádiva, sino que estamos, también, frente a un mecanismo de clientelismo institucional, que también es el sometimiento de aquellos que tienen que pasar por el besamanos, para terminar siendo los beneficiarios del reparto.

Algunos datos (del año pasado) nos servirán para ilustrar estas ideas. Dentro de lo que son las transferencias de recursos de la Nación a las provincias, y lo que ellas reciben per capita, Tierra del Fuego recibió $13.484; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires $12.426; Santa Cruz $9.618 y Buenos Aires $2.341. Dentro de las transferencias per capita del presupuesto del Ministerio de Infraestructura, Santa Cruz recibió $2.066 , la Ciudad Autónoma de Buenos Aires $1.401, y Buenos Aires $120. Esto reconociendo, además, que la provincia de Buenos Aires, como también se dijo hoy, es la provincia en la que vive el 38% de la población, y en el que también se registran los indicadores sociales más altos, de pobreza, de indigencia, déficit de vivienda, y por lo tanto, es, sin ninguna duda hoy, la provincia que aparece como más discriminada dentro del reparto.

Otros datos. ¿en qué situación estamos? La recaudación de los impuestos federales ha aumentado, ( y de hecho, esta es una de las banderas principales del oficialismo), estamos en un momento en que la Argentina crece de manera sostenida, tiene superávit, y sin embargo, terminamos teniendo, no solamente bolsones de pobreza extrema, sino poblaciones realmente excluidas de las posibilidades de acceder, mínimamente, a una atención en materia de salud, de vivienda o de educación. ¿Por qué razón?...Porque las provincias siguen estando relegadas al momento del reparto, aún cuando el estado federal ingresa más cantidad de recursos. 

El IVA constituye el 30% de la recaudación, sin embargo, de ese impuesto sólo se reparte el 89%. El impuesto a las Ganancias constituye el 22% de la recaudación, y de eso sólo se reparte el 64%. Los derechos de exportación e importación, todos sabemos, más o menos, cuánto significa hoy eso dentro del presupuesto, de eso no se reparte absolutamente nada. Los ingresos por el impuesto al cheque se quedan para la Nación y sólo el 30% es para las provincias. El impuesto al gasoil tiene una lógica propia, no va al reparto, sino a fondos especiales, y Moyano tiene más derecho que una provincia a participar en el reparto. La temida conclusión que tenemos respecto de esta cuestión, es que la gestión de los recursos del Estado nacional hoy, es injusta, es inequitativa, es arbitraria, es discrecional, y es poco o nada transparente, y lo increíble y más grave, es que los gobernadores no reclaman frente a esta situación, y por eso es que me va a seguir pareciendo importante que esto se discuta también, conjuntamente, con una reforma del sistema político, cómo debe funcionar también el sistema político para respaldar el funcionamiento del sistema federal. A veces se discute mucho sin que eso implique compromisos reales de cambio. He escuchado a muchos candidatos en campaña que prometían, livianamente, la sanción de una nueva ley de coparticipación. La verdad, me parecía realmente escandaloso, que alguno se parara y dijera “nosotros vamos a sancionar una nueva ley”, cuando todos sabemos las dificultades que existen, pero además, creo que eso encubre también la renuncia a reclamar que se cumplan las cosas que hay que cumplir, porque lo cierto es que la actual ley de coparticipación tiene, en su artículo 7º, un piso de garantía, en la distribución de los recursos federales, y que actualmente no se cumple. Entonces, lo primero, antes de introducir ninguna otra modificación que habría que hacer, es exigir que se cumpla con el artículo 7º, que establece que “el monto a distribuir en las provincias no puede ser inferior al 34% de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la administración central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta ley” ¿Qué es lo que está diciendo? Que el 34% se debe calcular incluyendo los impuestos al comercio exterior, las retenciones Ese 34% debería incluir esa cantidad de recursos de la recaudación de la administración central, para calcular lo que se le distribuye a las provincias...teniendo en cuenta la recaudación acumulada al 30 de abril del 2007, que fue de $55.114.000.000, se debería haber transferido a las provincias $18.739.000.000, se enviaron $14.000. El saldo pendiente es entonces, a abril del 2007, estoy diciendo, de $4.153.000.000. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, (sin necesidad de modificar ni un solo punto de la coparticipación que la provincia recibe, que es sólo del 21%) hubiera recibido en esos cuatro primeros meses, $893.000.000 más. Si calculamos lo que la Nación le debe la provincia de Buenos Aires, a diciembre del 2006, por falta de cumplimiento del artículo 7, estamos hablando de $3.500.000.000. En el caso de la provincia de Buenos Aires eso serviría para resolver el problema del déficit grave que la provincia tiene, no habría habido necesidad de inventar impuestos, de emitir bonos, y por supuesto, se hubieran podido atender de otra manera las demandas que tiene la población.

Quiero terminar ahora planteando, cuáles son las cosas que debemos hacer. Lo primero, fortalecer las instituciones, el rol del Estado, la democracia, la República y el sistema federal, reconstituir el sistema político y los partidos políticos, con proyectos nacionales, organizaciones federales, y mecanismos de funcionamiento democrático y transparente.

Debemos entrelazar esta discusión con la reconstrucción del sistema político, el rol de los partidos políticos y el sistema electoral. Tenemos un régimen constitucional que establece un sistema de partidos, y una democracia que reconoce como herramientas principales a los partidos políticos; por lo tanto, lo que necesitamos es que los partidos funcionen como tales, para salir de la democracia de candidatura que tenemos. Para eso, los partidos políticos deben tener un funcionamiento acorde, con un sistema que exige que sean algo más que una herramienta electoral para impulsar candidatos cuando hay elecciones. Los partidos políticos tienen roles que cumplir, tal vez más trascendentes y más importantes en la oposición que en el que gobierna: el primero es prepararse para gobernar; es controlar, por supuesto; pero también es formar cuadros políticos, algo que los partidos han abandonado como una tarea central, que es justamente formar y promover cuadros políticos, y destaco, por supuesto, la tarea que RAP en este sentido. Necesitamos un debate democrático, amplio, plural, diverso por supuesto, respetando las opiniones diferentes, planteado en términos institucionales, no solamente para tratar la posibilidad de sanción de una nueva ley de coparticipación, sino para comenzar con algunas de las otras discusiones que creo que hay, y que son centrales: avanzar hacia un federalismo solidario y cooperativo (éste es un planteo que ha levantado Martín Losteau en su libro). Hay un trabajo de PNUD (Programa Naciones Unidas para el Desarrollo), también sobre el federalismo cooperativo. En definitiva, es avanzar en el sentido de que las provincias ricas ayuden a las provincias pobres, que las provincias más pobladas, ayuden a las provincias menos pobladas. 

Es necesario repensar un sistema federal que contemple las inequidades, y que por supuesto, deposite el mayor esfuerzo en aquellos que se encuentran en mejores condiciones, sin ingresar en una disputa entre provincias. El problema es instalar la discusión del sistema federal y de la coparticipación, a partir de un tironeo entre provincias por la puja de los puntos, lo que constituye una discusión ficticia, que nos impide avanzar, justamente, sobre lo que debe ser un federalismo solidario y cooperativo, que es mucho más que esa discusión. Exigir el cumplimiento de la legislación vigente, por lo que decía del artículo 7, descentralizar y transparentar el manejo de todos los recursos públicos, y asegurar el acceso a la información pública, como un derecho humano fundamental, de inclusión y control ciudadano. Necesitamos, tal cual lo ha planteado RAP, trabajar para consensuar una agenda – país compartida, que contemple las urgencias y los medianos plazos, y establezca como prioridad, claras condiciones para el desarrollo humano, equitativo y sustentable de todas las ciudades de la Argentina. Muchas gracias.


 
 
 
 
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MARGARITA STOLBIZER.
Diputada Nacional. Presidenta Bloque GEN. Partido GEN. IGEN.
FAP - Frente Amplio Progresista.

margarita@margaritastolbizer.com.ar - MargaritaStolbizer.com.ar
Av. Rivadavia 1864 - 011.4127.7100 - Buenos Aires - Argentina.

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