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PROPUESTA PROGRESISTA CON LA SEGURIDAD CIUDADANA

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Desarrollaremos políticas específicas para abordar las cinco problemáticas principales de seguridad pública en la Argentina: violencia, delitos patrimoniales, criminalidad económica, criminalidad organizada y narcotráfico, y la reforma de las Fuerzas Policiales, de Seguridad y el Servicio Penitenciario.

Impulsaremos la lucha contra la violencia en todos sus niveles, tanto la asociada a delitos como la doméstica.

Impulsaremos el combate a los mercados ilegales, a la vez que trabajaremos denodadamente para acabar con la elaboración de mercaderías por mano de obra esclava.

Desarrollaremos una política de lucha contra el narcotráfico, atacando sus vertientes principales y poniendo énfasis en la exportación de cocaína y precursores químicos, el aumento del consumo de estupefacientes, la elaboración de drogas, la violencia derivada del mismo y el lavado de dinero.

Reformaremos los organismos de seguridad, a fin de garantizar un combate efectivo contra la inseguridad, la violencia y el narcotráfico.

Propuestas de corto plazo
Implementación del gobierno civil de las fuerzas de seguridad y policiales. Desarrollo de herramientas de rotación, triangulación y división funcional de tareas que prevengan el establecimiento de zonas liberadas a la criminalidad organizada.

Análisis de cada una de las incorporaciones realizadas al organismo creado por el actual gobierno.

Implementación de políticas específicas para la prevención de cooptación de agentes públicos por organizaciones de crimen organizado. Control de las fuerzas policiales y de seguridad tanto psico-física como patrimonialmente con la lógica de profesiones riesgosas. Aplicación de herramientas de detección de infiltración de criminalidad organizada en cuerpos de seguridad.

Política penitenciaria. División de funciones entre nuevo personal civil a cargo de tareas de resocialización y cuerpos encargados de seguridad de internos. Control externo de cárceles por organizaciones de sociedad civil.

Traspaso de la superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal a la CABA.

Creación de un sistema nacional de estadística y mapeo delictivo con autarquía y control externo por un consorcio de universidades. Adopción de un sistema de prevención de delitos patrimoniales en base a la aplicación de técnicas de zonas calientes. Asignación de personal policial en base a estadísticas y análisis delictual. Control de la acción policial en base a resultados de prevención.

Implementación de la Agencia Federal de Investigaciones focalizando su accionar sobre la investigación de criminalidad compleja y no en espionaje interno y político.

Desarrollo de un plan nacional de reducción de armas. Continuación del sistema de entrega voluntaria. Sistemas de trazabilidad en todas las armas de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias federales y provinciales así como la redefinición de los protocolos de guarda judicial de las mismas. Transformación institucional del RENAR evitando su afectación al régimen de entes cooperadores por el cual los principales aportantes al sostenimiento presupuestario de este organismo son actores privados vinculados al comercio y uso de armas.

Sistemas de trazabilidad obligatoria de celulares.

Numeración obligatoria de autopartes de todos los vehículos –autos, motos, utilitarios y camiones- comercializados en el país.

Control sobre instancias municipales de habilitaciones a comercios y actividades productivas.

Implementación de servicios de mediación comunitaria y desarrollo de fiscalías en barrios con altos niveles de violencia.

Ampliación organizacional y presupuestaria del Sistema de protección de testigos. Creación de un nuevo cuerpo especializado de custodia federal para jueces, fiscales, y testigos bajo amenaza.

Fortalecimiento presupuestario del Patronato de Liberados.

Propuestas de mediano plazo

Jerarquización de la profesión policial y de fuerzas de seguridad con aumento de salarios, estándares laborales, políticas habitacionales y capacitación continua. Eliminación del doble o triple empleo. Constitución de fuerzas de seguridad y policiales fundadas en la baja de los índices delictivos, subordinadas efectivamente al poder democrático y no vinculadas a las criminalidad organizada.

Nuevo régimen de financiamiento de los partidos políticos. Más controles sobre recursos, gastos y financiamiento de las campañas con el mayor rigor para romper el vínculo entre el delito y la política. Leyes de financiamiento en provincias y municipios. Aplicación efectiva de sanciones en el plano nacional. Investigación del financiamiento de campañas por parte del narcotráfico. Disminución del peso del dinero en política a partir del aumento del financiamiento público. Bancarización de todas las operaciones de gasto de los partidos políticos.

Generación de un programa nacional de prevención de violencia en Barrios Vulnerables que evite la expansión de la violencia desde lugares de alta concentración de homicidios hacia otras geografías. El resultado adicional es impedir el crecimiento de escala de bandas que hoy tienen extensión territorial limitada.

Establecimiento de una alianza público-privada para la generación de empleos privados formales para jóvenes que no estudian ni trabajan en sectores empleo intensivos. Desarrollo del cupo obligatorio de contratación con empleo formal de jóvenes con bajos niveles de capacitación y educación. Fortalecimiento de iniciativas de economía social con incentivos económicos a pequeños emprendimientos y cooperativas. Aplicación de sistemas de microcrédito.

Establecimiento de metas de cumplimiento de reducción de los niveles de delito patrimonial en un período de cuatro años. Desarrollo de sistemas de seguimiento de la evolución de modalidades específicas de delitos patrimoniales.

Formalización impositiva, edilicia y laboral progresiva de todas las ferias de comercialización informal de mercadería. Constitución de cooperativas de trabajadores e incentivos para pymes que aumenten los niveles de formalización de trabajadores en el sector textil y de calzado.

Control aduanero, impositivo, migratorio y de fronteras contra el contrabando de mercaderías.