A 24 años de aquel ataque terrorista a la Embajada de Israel en Buenos Aires que causó 22 muertos y 242 heridos, seguimos exigiendo justicia. La sensación que predomina es de frustración, porque aún no hay culpables, detenidos, procesados o condenados.

Aquel hecho, sumado al atentado terrorista contra la sede de la AMIA, que se llevó la vida de 85 personas y que también sigue sin obtener una respuesta de verdad y justicia, dan una sensación creciente de dolor e indignación. Fuimos testigos de gobiernos e investigaciones judiciales erráticas: pista siria, conexión local, célula dormida de origen libanés, ataque iraní. Cada bomba estalló de lleno en nuestro sistema institucional, en nuestra soberanía y puso en crisis a la política y a la justicia.

Incluso, hemos llegado a vivir el absurdo de un gobierno que firmó un acuerdo con los principales sospechosos argumentando que estos abrirían el camino a la verdad y a la justicia.

El ex Presidente Néstor Kirchner designó a Alberto Nisman como fiscal a cargo de una Unidad Especial de Investigación del atentado, poniendo a su disposición agentes de la inteligencia a los que por entonces reportaba como de su confianza. El proceso judicial no alcanzó resultados satisfactorios y también registró idas y vueltas, decisiones ilegales y encubrimientos. Lo más importante ha sido la declaración del atentado como delito de lesa humanidad y la calificación como genocidio por el juez de la causa.

Nisman denunció pocos días antes de su muerte que el Memorando de Entendimiento con la República Islámica de Irán, aprobado con sospechosa celeridad por la mayoría oficialista en el Congreso Nacional, era solo una parte de las amplias negociaciones secretas y públicas que nuestro Gobierno había realizado con Irán. Y que por detrás de todas ellas existía “un plan criminal destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa, para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina…

La investigación del Fiscal Nisman sobre el atentado a la AMIA y los hallazgos que lo llevaron a la convicción de la existencia de un plan criminal para la impunidad de sus principales acusados, fueron la causa directa de su muerte, que fue un “Crimen de Estado”. Nisman investigaba el acto de terrorismo -y contra nuestra soberanía- más grave de la historia nacional.

Debemos asumir con prudencia y seriedad el progreso y seguimiento de estas investigaciones, aportando cada uno lo que institucionalmente nos corresponde, y garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación a los familiares y a las víctimas