La manifiesta ilegalidad de las cuestiones que proponen, la búsqueda de impunidad como estrategia directriz y la desorientación en la gestión son aspectos que caracterizan al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y resultan una permanente tentación para la oposición que debería mostrarse como una alternativa diferente y superadora de un modelo de gestión que, en base a irracionalidades, nos condujo a niveles inesperados de pobreza, exclusión y desigualdad.
Frente a este complejo escenario, quienes integramos la oposición política al gobierno de turno no podemos ser más de lo mismo y responder a sus disparates con las mismas armas de agresión y descalificación.
Es casi una obligación prestar menos atención a lo que hacen y dicen, para dedicarnos con toda la fortaleza, inteligencia y convicción, a mostrar que estamos preparados para asumir las tremendas responsabilidades que implicará el próximo gobierno.
El desafío de ser diferentes
Recuperar credibilidad en el Estado y en la política es un camino indispensable para sostener y afianzar el sistema político democrático que adoptamos hace ya casi décadas. Es un error pensar que podemos alcanzar ese objetivo desde la mera crítica, el insulto o la descalificación de quienes integran el gobierno. La sociedad es quien juzga y evalúa las irracionalidades que proponen las máximas autoridades de nuestro país, no hace falta que desde la oposición mediemos en ese análisis.
Debemos ser explícitos a la hora de marcar las diferencias. Debemos expresar con claridad nuestros objetivos de gobierno, los cuales deben atender las principales necesidades sociales. La política y sus dirigentes debemos retomar el camino de la cercanía y de la empatía social, recuperar esa capacidad de lectura y comprensión de las demandas de la sociedad que demostró tener el Dr. Raúl Alfonsín en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia.
No se trata simplemente de conseguir votos y ganar una elección. Claramente, si queremos ser gobierno debemos tener una estrategia para ganar las elecciones presidenciales de este año, pero no es el objetivo final. Para que la sociedad y el electorado recupere la confianza en la política y en nuestra propuesta en particular, tenemos que demostrar de manera indubitable para qué queremos llegar al gobierno, qué ideas llevaremos adelante y cuál es nuestro proyecto de país.
Gobernar en coalición impone aún más desafíos, los electorales con la elección de los candidatos y las candidatas, los programáticos, el sostenimiento de la unidad y el fortalecimiento del espacio a la hora de gobernar. En eso también debemos ser claros.
Lo que se necesita es marcar la diferencia. La oposición no puede ni debe bailar al compás de los disparates del gobierno. La diferencia se marca respetando las reglas del sistema político, anteponiendo el respeto a nuestra Constitución y a las normas vigentes y expresando con claridad un plan de gobierno que devuelva a los argentinos y a las argentinas la ilusión de poder vivir en un país viable. La diferencia se marca siendo diferentes.
La escalada en el insulto, la agresión, la patoteada, solo demuestra la pobreza de un debate que debería sostenerse en ideas.
Juicio político a los miembros de la Corte Suprema, un nuevo disparate
La discusión sobre los déficits del funcionamiento de la Justicia no se resuelve llevando más cuestiones políticas a la decisión de ese poder sino abordando las reformas reales que deben sustanciarse para una mejora del sistema. Un verdadero proceso de transformación, no se hace descalificando ni encumbrando jueces, se hace discutiendo con ellos para acordar un diagnóstico de problemas (que sin duda existen) y cuál es la mejor forma de resolverlos.
La búsqueda de impunidad como estrategia frente a las investigaciones sobre los delitos de corrupción que se cometieron en el pasado se debe enfrentar desde nuestras diferencias, respetando a rajatabla el principio de la independencia del poder judicial, con transparencia y rendición de cuentas en el accionar de todos los que tienen o han tenido responsabilidades políticas.
La Corte Suprema de Justicia es, según nuestra Constitución, el órgano máximo para el ejercicio de las funciones judiciales, las que le están reservadas en el marco de nuestro sistema de gobierno republicano. Pero además, el artículo 117 dice con claridad que: “La Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente”.
No hay vuelta. Los Fernández se apropiaron de recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para salvar a la Provincia y a su gobernador Kicillof frente a un levantamiento policial frente a la Quinta de Olivos. Una maniobra unitaria insostenible dentro de nuestro sistema constitucional que, además, es federal. Por eso la Corte, actuando con su competencia “originaria y exclusiva” mandó a reparar lo que habían desacomodado, poniendo en vigencia el principio más importante del federalismo: la inalterabilidad de los recursos que pertenecen a las provincias.
El Presidente vocifera la amenaza de desobediencia buscando bajo presión un apoyo insólito de los gobernadores -que siempre y para todos los casos deberían defender lo que corresponde a las provincias-. Y como si eso no fuera poco para el escándalo y el atropello institucional, en su mensaje de fiestas anuncia el juicio político a miembros de la Corte.
Si algo espera y necesita la Argentina es un mensaje pacificador, que transmita grandeza, esperanza, seguridad. Esa es la principal responsabilidad del primer mandatario que parece querer seguir jugando a la guerra de los soldaditos de plomo.
El acatamiento de los fallos de la justicia rige para todas las personas, con prescindencia de sus lugares de poder. Del mismo modo que rigen las leyes que sanciona el Congreso o las resoluciones que dentro de sus competencias y limitaciones se le asignan al Poder Ejecutivo.
Pretender el cuestionamiento de una decisión de ese nivel porque contraría lo que apetece a los funcionarios del gobierno, pese a haber sido dictada de manera incuestionable dentro de las competencias o responsabilidades que la Constitución le asigna, es una maniobra absolutamente ilegal y arbitraria, solo adjudicable a modelos autoritarios.
¿Debe tomarse seriamente ese anuncio? De ninguna manera. Es tan ridículo, desopilante, como viene siendo la conducta errática de un presidente que solo actúa para congraciarse con quien podría darle una venia para una reelección.
No es el fallo de la coparticipación, ni los límites reiterados para que no se avasalle el Consejo de la Magistratura lo que les molesta, es la investigación que impulsa la justicia en las causas de corrupción que dejan al descubierto una arquitectura diseñada para apropiarse de recursos públicos y privados en beneficio propio. Solamente desde la mentira reiterada se puede sostener el mito de lo que fue y ya no es.
La construcción del nuevo gobierno con amplitud y diversidad
Un gobierno no se construye el día de la asunción presidencial, un gobierno se empieza a pensar y a conformar desde el momento mismo en el que una coalición de actores políticos se dispone a competir electoralmente y se prepara para conducir el destino de un país. Ese es el momento apropiado para el debate, la discusión, la formulación del plan del gobierno y la puesta en consideración de la sociedad.
Debemos poder reconocer qué camino tomar hoy. Urge darle formalidad institucional a la coalición opositora, tomar la decisión de ampliar y dejar de tener miedo a quienes puedan llegar, aceptar la diversidad que siempre tiene una alianza electoral, y avanzar hacia un plan concreto que pueda cerrar las naturales diferencias de miradas internas en el compromiso de lo que se buscará hacer en conjunto.
Hay que preocuparse menos por las candidaturas. Un día, democráticamente, eso se resuelve. Hay que dejar de jugar para ver quien grita o dice la palabra más fuerte, hay que saber integrar. El traspaso de una coalición electoral a una de gobierno se sostiene en un acuerdo de programa, al que se llega con el intercambio de todos los que participan y que se llevará adelante con el compromiso colectivo, sea quien fuere el que lleve la bandera.
Las convicciones y la inteligencia que debe poner Juntos por el Cambio en el diseño de una mirada hacia adelante deben acompañarse de generosidad en la construcción con otros. Un visión más amplia, que exprese las diversidades sociales y políticas, ayudará a contraponer un proyecto integral frente al gobierno actual que se va extinguiendo en errores que ya no pueden tapar ni corregir.
Frente a los disparates del gobierno nos merecemos unidad, amplitud, diversidad. Se debe mostrar mucha lucidez en lo programático y mucha transparencia en la presentación. Lo que está en juego es mucho más que una elección. No se trata solo de juntar votos y ganar. Se trata de asegurar un buen gobierno, porque la finalidad de la política es mejorar la vida de las personas. Hay que apuntar en ese objetivo sin distraernos en competencias que no valen la pena. Siempre lo que vale es la pelea para sostener valores. Por el camino de la ética siempre al pueblo le irá mejor.