COMPROMISO PROGRESISTA CON EL AMBIENTE

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“Artículo 41 de la Constitución Nacional. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren lasa jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos.”

La política ambiental a nivel nacional será pensada como parte integral y transversal de un modelo de desarrollo sustentable alternativo. Esto permitirá recuperar la idea del medio ambiente como derecho colectivo y revalorizar los recursos naturales entendidos como bienes comunes.

El mayor desafío será generar un cambio de paradigma en la implementación de las políticas de desarrollo. Habrá que re significar el valor ambiente para mejorar la calidad de vida de la sociedad y promover nuevas relaciones de producción y consumo. Y todo ello en el marco de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.

Asimismo, la profundización de los conflictos socio-ambientales en torno a los recursos naturales exige apostar por una democracia más participativa y solidaria, fortalecer los ámbitos gubernamentales e institucionales y generar los consensos necesarios para la toma de decisiones colectivas en torno al modelo de desarrollo deseado, y al uso y acceso de los bienes naturales.

Menos ambiente significa más pobreza y en este sentido, la equidad, la participación y la sustentabilidad serán los ejes nuestro programa dedicado a las propuestas ambientales.

El ambiente no reconoce fronteras económicas, políticas o jurisdiccionales. Por ello, debemos construir un modelo de desarrollo desde un enfoque eco sistémico, con una mirada integral del territorio y considerando sus condiciones naturales, económicas, sociales y culturales específicas.

Durante los últimos doce años, el modelo productivo argentino se basó principalmente en la extracción de recursos naturales, aprovechando los altos precios internacionales y a costa de concesiones, exenciones o beneficios a perpetuidad. Basta con observar la fenomenal expansión de la frontera sojera, la megaminería a cielo abierto y, recientemente, la “fiebre” por los hidrocarburos no convencionales para dar cuenta de que este modelo extractivo genera dependencia, socava nuestra soberanía, depreda nuestros recursos y bienes comunes, vulnerando derechos y generando pasivos ambientales que hipotecan la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.

Actualmente, los hidrocarburos (petróleo y gas natural) representan un 90% de nuestra matriz energética. Hablamos de un modelo basado, casi exclusivamente, en combustibles fósiles -altamente contaminantes-, muy por encima de la media mundial.

El actual esquema productivo también ha generado fuertes impactos en los principales centros urbanos del país a partir de la expulsión de la población rural hacia las ciudades. La falta de una política de planificación territorial y sustentable acentuó las condiciones de urbanización precaria sin garantizar la infraestructura y los servicios básicos que mejoren la calidad de vida de las personas.

No sólo la matriz productiva o energética, sino el modelo industrial e inmobiliario en general responden a esta lógica carente de planificación; la que ha permitido el crecimiento de un mercadoinmobiliario con fines estrictamente especulativosque no se enmarca en ningún criterio de ordenamiento territorial, urbanístico, o política habitacional ni socioambiental.

Con los últimos acontecimientos a raíz de fenómenos climáticos, sobra destacar que nuestro país carece de un sistema de gestión integral de riesgo de desastres. El marco normativo está fragmentado, conformado por algunas leyes y decretos sólo vinculados a la respuesta al desastre y no a su prevención.

El denominador común es un Estado ausente en el diseño, planificación y concertación de políticas públicas sustentables a mediano y largo plazo.

Esta improvisación, la falta evaluación de impactos y riesgos de los proyectos e inversiones productivas e inmobiliarias que se instalan sin contar con la debida licencia social,así como los débiles (cuando no nulos) controles estatales, tienen consecuencias irreparables.

Este injusto estado de situación genera y profundiza conflictos socio-ambientales. Se requiere incorporar una perspectiva humana de la economía que contemple las cuestiones ambientales, así como en toda política pública, para que la garantía del estado frente a los derechos humanos no implique necesariamente la réplica sobre la depredación sino la prevención y planificación para evitarla. El principio de solidaridad intergeneracional debe ser el punto de equilibrio entre el crecimiento económico y la protección y sostenibilidad ambiental

Proponemos

Establecer un plan de ordenamiento ambiental del territorio integral desde un enfoque ecosistémico, con el objeto de, entre otras cosas:

1. Diseñar e implementar un modelo de desarrollo en base a la equidad y la integración territorial,con el fin de reducir las brechas y desigualdades socio-espaciales, y bajo un vínculo relacional y funcional entre lo urbano y rural.

2. Proteger y recuperar la capacidad productiva de nuestros suelos, reduciendo la tendencia al monocultivo, promoviendo la diversificación productiva para evitar la excesiva dependencia del estado o de los estados provinciales de las actividades extractivas, y alentando el desarrollo de las economías regionales, atendiendo a la función social de la propiedad.

3. Generar un plan de identificación y protección de áreas clave para la conservación. Efectiva implementación de las leyes de preservación de bosques nativos, glaciares y ambiente periglacial. Crear los marcos regulatorios necesarios y consolidar la protección de humedales y acuíferos, confeccionando los inventarios necesarios.

4. Impulsar medidas de mitigación y adaptación a los impactos del cambio climático.Evaluar zonas de riesgos y vulner abilidad socio-ambiental y desarrollar planes de prevención.

5. Crear un sistema de gestión integral de riesgos de desastres y una red nacional con un fuerte carácter participativo a nivel federal e intersectorial, junto a provincias y municipios, para reducir las vulnerabilidades y hacer frente a las diversas amenazas a las que están expuestas las comunidades.

6. Generar, en colaboración y coordinación con las provincias y los municipios, un sistema integrado de redes de gestión y recolección de residuos sólidos urbanos, brindando apoyo técnico y financiero.

7. Garantizar de manera universal el derecho de acceso al agua potable, mejorando el servicio en calidad y regular el uso de acuerdo a las necesidades de consumo de las personas y de las unidades productivas. Gravar y sancionar los abusos y la contaminación por desechos domésticos, industriales y como resultado de la explotación de los recursos naturales. Implementar la cobertura universal de la infraestructura básica de servicios en todos los hogares.

8. Diversificar la matriz energética, mediante la incorporación de energías “limpias” alternativas y renovables, fijando metas de reconversión progresiva de las fuentes energéticas. Promover inversiones sostenibles que minimicen la reducción de las fuentes no renovables y contaminantes de energía y muestren los beneficios del largo plazo.

Garantizar el pleno cumplimiento de las instancias de participación y consulta ciudadana, ampliando los mecanismos de participación multisectorial, multidisciplinaria y multinivel en los procesos de toma de decisión para que toda actividad antrópica con potencial impacto ambiental cuente con la debida licencia social.

En particular y con el mayor de los énfasis, garantizar el derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas, haciendo efectivos el mandato constitucional y los compromisos internacionales asumidos -como el Convenio 169 de la OIT-, promoviendo y practicando una verdadera cultura de respeto de su relación con la tierra.

Fortalecer el rol y las capacidades estatales en materia de control ambiental:

-Articular con las jurisdicciones locales la realización de evaluaciones de impacto ambiental y de impacto ambiental estratégico o acumulativo (de acuerdo a las particularidades del área de influencia).Así como monitoreos periódicos.
-Implementar un programa de acción permanente para asegurar la plena vigencia de los principios preventivo y precautorio, especialmente en proyectos de explotación minera e hidrocarburífera.

-Prohibición de la megaminería contaminanteque por su escala de producción provoque grandes alteraciones geológicas o hidrológicas (alto consumo de volúmenes de agua, movimiento de grandes volúmenes de suelo), o utilice sustancias tóxicas como el cianuro, cianuro de sodio, ácido sulfúrico y toda otra sustancia considerada peligrosa. Reconversión de los proyectos en marcha, sujetos a una nueva evaluación de impacto ambiental, garantizándose la instancia de participación ciudadana.

-Prohibición del uso de la técnica de la fractura hidráulica. Suspensión de proyectos en ejecución. Realización de inventarios y auditorías ambientales en zonas de afectación.

-Regulación y fiscalización del uso de agroquímicos y sustancias tóxicas en general para toda actividad productiva en función de las mejores prácticas y estándares internacionales.

Implementar herramientas de transparencia y acceso a la información ambiental, para mejorar la capacidad de análisis y planificación de políticas públicas, así como el control ambiental.

Desarrollar una política de educación ambiental que impulse la valoración de los bienes comunes y conductas sustentables con el ambiente; promueva nuevas relaciones de producción y consumo; y genere estrategias de comunicación sobre la temática ambiental, con el objetivo de fortalecer una ciudadanía informada, consciente y crítica de las problemáticas ambientales.

Compromiso firmado

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Publicado en Compromisos Progresistas