COMPROMISO PROGRESISTA POR LA JUSTICIA Y LA TRANSPARENCIA

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La corrupción, que se extendió por los despachos de la política, mata y afecta nuestro desarrollo. Compromete tu vida y la de tus seres queridos. Ese círculo vicioso perverso de discrecionalidad, impunidad y corrupción nos hace menos iguales. La corrupción es el círculo perfecto de la indecencia y la desigualdad.

Algunos viven en mansiones y administran patrimonios imposibles de justificar. Se quedaron con la plata de los subsidios que se debían destinar a mantener y arreglar los trenes y por eso provocaron la muerte de 52 personas. Se quedaron con los sueños de miles de familias, que esperaba su vivienda con el desfalco que produjeron algunos de sus funcionarios, con Shocklender y un sector de las Madres de Plaza de Mayo a las que no tuvieron reparo en ensuciar y hacer cómplices de sus negocios. Boudou se quedó con la máquina de fabricar los billetes que vos necesitás para comprar los bienes para vivir mejor. Mintió, falsificó, gastó y mal-administró, incumpliendo con todos sus deberes. La presidenta y su socio Lázaro Báez (y varios más de los amigos empresarios) se beneficiaron con tanta plata en adjudicaciones de obras concedidas para armar una propia lavadora por donde sacar u ocultar el dinero. Porque el terrible problema del narcotráfico encontró cómplices corruptos para importar efedrina en cantidades exorbitantes, desarmando controles y favoreciendo el tráfico ilegal.

En la última década no hubo una sola norma de acceso a la información pública y se destruyó el sistema de declaraciones juradas patrimoniales. La publicidad oficial se repartió entre los amigos y la justicia fue manipulada y manoseada. Muchas de estas iniciativas fueron neutralizadas por el propio Poder Judicial.

El nuevo Código Civil y Comercial Unificado consagró avances en materia de adopción, matrimonio, filiación y fecundación asistida. Son avances que, indudablemente, van a repercutir en tu vida. Pero quedan muchas deudas pendientes. El nuevo Código no dice una sola palabra sobre el derecho de acceso al agua o el derecho de los pueblos originarios a la propiedad comunitaria de las tierras que ancestralmente les pertenecen.

Lo mismo sucedió con la aprobación del Código Procesal Penal, que modificó el sistema inquisitivo por uno acusatorio. Este era un viejo reclamo. Sin embargo, dio lugar a una serie de abusos por parte del oficialismo, como la aprobación de una batería de leyes controvertidas como la del Ministerio Público Fiscal o la de Subrogancias. Se le otorgó cada vez más poder a la cabeza del Ministerio Público, el único poder constitucional que no se somete a ningún control externo, y en la vulneración del procedimiento constitucional de designación de jueces sin el cual no se puede garantizar su independencia, imparcialidad e inamovilidad.

La justicia es hoy más lenta, más anticuada y más ineficaz. Es decir, es menos justa. No te brinda lo que precisás en el momento que lo precisás. La incorporación de nuevas tecnologías en el servicio de justicia, así como la oralización del procedimiento civil, o el establecimiento de tribunales de menor cuantía, son algunas de las asignaturas pendientes.

Tenemos que volver a poner en valor los principios constitucionales que le dan valor y fortaleza a la justicia. Tenemos que garantizar juntos su autonomía. Tenemos que concretar el sueño de todos: acceder una justicia independiente, imparcial y de calidad, incorporando, especialmente, a los sectores históricamente excluidos. Tenemos que impulsar un cambio ético que termine con la corrupción y la impunidad. Vamos a hacerlo juntos.

Por eso, nuestros objetivos son:

  • Desarrollaremos una democracia sin impunidad, que garantice la justicia y la efectiva investigación de los hechos de corrupción.
  • Promoveremos la transparencia en el sector público, haciendo efectivo el control ciudadano e introduciendo reformas en el sistema de control vigente para que sea oportuno y eficaz. Construiremos un estado de puertas abiertas, con pleno acceso a la información pública.
  • Impulsaremos el cumplimiento de la Constitución Nacional, la independencia de los poderes del estado y la vigencia de la república como los pilares de un Estado moderno, solidario y eficiente. Fortaleceremos el sistema de pesos y contrapesos entre las autoridades electas.
  • Desarrollaremos una serie de políticas públicas para mejorar el funcionamiento de la justicia y hacer de la misma un auténtico servicio y no una potestad. Promoveremos normas de funcionamiento de los tribunales que faciliten el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, que aseguren un trato igualitario, garantizando el acceso real de los sectores más vulnerables y asegurando a las víctimas protección integral.
  • Realizaremos una evaluación integral del estado del Poder Judicial a fin de evaluar las reales necesidades internas del sector, que implicarán un diagnóstico certero desprovisto de connotaciones políticas.
  • Recuperaremos el papel del Ministerio de Justicia como protagonista e impulsor de las políticas públicas en el área, en lugar de la función recaudadora y financiadora de campañas del oficialismo, que desempeña actualmente.

Nos comprometemos para los primeros 100 días:

  • Revisión integral de la gestión precedente en orden a la detección y posterior denuncia de los hechos de corrupción en la función pública. Se abrirá una instancia de recepción de denuncias y de recopilación de información que dependa directamente de Presidencia de la Nación, encomendando la promoción de acciones y seguimiento a órganos de control fortalecidos y autónomos.
  • Cosa juzgada írrita. En esta instancia se revisarán las decisiones judiciales que hayan cerrado investigaciones por hechos de corrupción que involucrasen a funcionarios del gobierno anterior. En caso de decisiones fraudulentas o falta de seriedad en las investigaciones, se promoverá la reapertura de las causas y se promoverá la responsabilidad de jueces, fiscales y otros funcionarios involucrados.
  • Creación de un mecanismo de protección y promoción de los denunciantes y testigos de buena fe de actos de corrupción en el ámbito estatal y privado.
  • Creación del contrato de fideicomiso ciego para regular la cesión obligatoria de la administración del patrimonio de los funcionarios públicos mientras duren sus mandatos o sus cargos.
  • Derogación de las últimas modificaciones comprendidas en las leyes de reforma judicial que han quitado transparencia a la presentación, la elaboración y la justificación de las declaraciones juradas de funcionarios.
  • Promoción e implementación de una ley de acceso a la información pública, que abarcará a los tres poderes del estado, organismos extra-poder, empresas y sociedades del estado y concesionarios de servicios públicos mediante un régimen sencillo y gratuito.
  • Creación de un sistema de control y chequeo de los subsidios públicos a través de una página web que concentre la información de todos los organismos públicos que otorgan subsidios a personas, organizaciones civiles y empresas.
  • Entrega de los organismos de control a la oposición, como garantía del desarrollo de políticas de contrapeso entre los poderes públicos.
  • Revisión de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por el Congreso de la Nación.
  • Restricción del espectro de los secretos bancario, profesional y bursátil, de modo que no sean oponibles a las investigaciones desarrolladas por los fiscales y por la Oficina Anticorrupción, ni a la AGN.
  • Establecimiento de auditorías y registros sobre la utilización de gastos reservados, cuya utilización se restringirá a aquellos casos en que resulten imprescindibles para la defensa nacional.
  • Creación de una Oficina de Presupuesto en el Congreso de la Nación que provea asistencia en la aprobación y seguimiento del presupuesto nacional. La oficina realizará proyecciones del endeudamiento público para asegurar una política de deuda sustentable y responsable.
  • Creación de una Red Federal de Control Público que vincule a los organismos de control nacionales con sus pares provinciales y municipales, y que permita realizar intercambios de información y atender pedidos de colaboración entre las distintas jurisdicciones.
  • Derogación de la ley de subrogancias. Solo podrán subrogar jueces de la misma instancia que tengan acuerdo del Senado.
  • Reforma del Consejo de la Magistratura. Se impulsarán reformas en el funcionamiento actual del Consejo de la Magistratura tendientes a garantizar el pluralismo, una composición equilibrada, así como a consolidar el funcionamiento del Consejo en lo referido a sus diferentes funciones. Se propondrán reformas en los procesos de selección y de enjuiciamiento de los jueces. Se propondrá retornar a la integración de 20 miembros como se estableció en un principio, modificándose algunos de los aspectos referidos al quórum, a la integración de la segunda minoría del congreso.
  • Revisión de las modificaciones legislativas aplicables al Poder Judicial y evaluación de las necesidades del sector a fin de garantizar la correcta administración de Justicia. Ello requiriendo el consenso de los diferentes actores involucrados (Colegios, Asociación de Magistrados, Jueces, Gremios, Fiscales, entre otros).
  • Creación de un proceso judicial sumarísimo en materia previsional, que garantice una adecuada liquidación de las jubilaciones en un tiempo breve.
  • Puesta en marcha de la justicia comunitaria con competencia en varias materias y por sumas monetarias menores.
  • Creación de una policía especial a cargo del Ministerio Público Fiscal que asegure un mejor entendimiento entre los agentes fiscales a cargo de las investigaciones y los efectivos policiales y que evite la indebida influencia en las investigaciones por parte del Poder Ejecutivo.

Nos comprometemos para el mediano plazo:

  • Diseño e implementación de un Plan Federal Anticorrupción, a través de la creación de un Consejo Federal de Transparencia y Combate a la Corrupción con capacidad para coordinar, consensuar y articular, junto a las autoridades provinciales, las políticas nacionales de transparencia y lucha contra la corrupción.
  • Rediseño institucional de la Oficina Anticorrupción implementándose mecanismos que garanticen su independencia. En primer lugar, reubicación fuera de la órbita del Ministerio de Justicia con rango de Secretaría de Estado o Ministerio Nacional. En segundo lugar, debe garantizarse la selección objetiva, por concurso y con participación ciudadana del Jefe de la Oficina Anticorrupción, que deberá tener mandato fijo y contracíclico. De igual manera, deberán aplicarse estos mecanismos para la selección de los directores de la Dirección de Investigaciones y de la Dirección de Promoción de Políticas de Transparencia.
  • Creación de dos nuevas áreas dentro de la Oficina Anticorrupción, manteniendo sus facultades de investigación y de promoción de la transparencia: una encargada de llevar adelante la instrucción de los sumarios administrativos más importantes y otra encargada de promover la recuperación de activos provenientes de la corrupción.
  • Elaboración de un Registro Nacional de Sociedades y Fideicomisos y de un Registro de la Propiedad Inmueble Nacional con el objetivo de contar con una base de datos única de información que evite maniobras para encubrir hechos de corrupción.
  • Promoción de una nueva legislación en materia de anticorrupción empresarial con el objeto de sancionar los hechos de corrupción en sede administrativa sin tener que esperar los tiempos de la justicia penal.
  • Promoción e implementación de una ley de lobby, para regular la gestión de intereses, transparentar y dotar de iguales oportunidades a todos los sectores en el proceso de toma de decisiones estatales.
  • Reforma del sistema de contrataciones públicas con el fin de incorporar nuevos procedimientos para la selección de contratistas y el establecimiento de la obligatoriedad de publicar y abrir a discusión los prepliegos en todas las licitaciones del estado, como así también de puntajes adicionales en las licitaciones a aquellas empresas que adopten reglas de compliance (conformidad) y estén sometidas a reglas generales y controles en esta materia. Serán públicas todas las adquisiciones estatales a través de la ampliación de la información obrante en la web Argentina Compra.
  • Promoción e implementación de una ley de control de la publicidad oficial que la regule de manera efectiva y que asegure la prohibición de su uso durante las campañas electorales, a la vez que obligue al gobierno a presentar, junto con el presupuesto, un Plan Nacional de Publicidad y Comunicación oficial, que también explicite la distribución de la pauta.
  • Política de gestión de la información para la construcción de una idea común acerca de lo que significa la información pública, con énfasis en la producción y preservación de la información como un bien público. Coordinación de acciones con otros organismos vinculados con la gestión de información, como el Archivo General de la Nación y la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
  • Política de gobierno abierto y transparencia activa, como parte de la política de gestión de la información, haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para que toda la información sobre la gestión del Estado esté accesible en formatos de datos abiertos y reutilizables, como una forma de promover la participación, la transparencia y la ética pública.
  • Rediseño institucional de la Sindicatura General de la Nación para establecer límites a la dependencia que tiene del Presidente de la Nación. Deberán establecerse, al igual que en el caso de la Oficina Anticorrupción, mecanismos para garantizar independencia de su titular, que deberían incluir un período para la presentación de apoyos e impugnaciones. Asimismo, deben establecerse mecanismos de coordinación con las instancias de auditorías internas y con la Auditoría General de la Nación.
  • Promoción de un funcionamiento eficaz y la independencia técnica de los órganos de control interno, especialmente de la Sindicatura General de la Nación y la Oficina Anticorrupción. Promoción de un proceso de transparencia en la toma de sus decisiones y aplicación de procedimientos. Esto mismo aplica respecto de la Unidad de Información Financiera y demás organismos que de él dependen.
  • Fortalecimiento de los organismos de control externo existentes, entre otros la Auditoría General de la Nación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, los entes reguladores de servicios públicos, la Unidad de Información Financiera, dotándolos de independencia y autonomía de cualquier otro poder o autoridad de la Nación.
  • Fortalecimiento del funcionamiento de las comisiones especiales del Congreso para el seguimiento y control de la ANSES, los organismos de seguridad e inteligencia y las empresas del estado.
  • Creación en todas las dependencias del Poder Ejecutivo de la Nación y en otros organismos claves de oficinas de transparencia que promuevan normas y prácticas éticas dentro de su órbita. La Oficina Anticorrupción será la encargada de coordinar y controlar las acciones de estas oficinas.
  • Disolución del vínculo clandestino entre la Agencia Federal de Inteligencia y la Justicia Federal.
  • Construcción en el ámbito del Ministerio de Justicia de un Centro de Acceso a Derechos para fortalecer la negociación de los conflictos y relevar necesidades jurídicas de la publicación, aumentar el acceso a la justicia y promover la alfabetización jurídica.
  • Implementación de un programa de mejora de la calidad del servicio de justicia con el objetivo de reducir la duración de los procesos, profesionalizar la atención al público y aumentar el acceso a la información pública judicial. Extensión del uso de las nuevas tecnologías para simplificar el trámite de los expedientes, acelerar los tiempos del proceso y ahorrar importantes costos. Simplificación de los procesos ante la justicia de la seguridad social, para que los juicios previsionales culminen en un tiempo razonable.
  • Modernización del Código Procesal Civil y Comercial para adecuar los procesos judiciales a principios de legalidad, oralidad, celeridad, informalidad, inmediatez y razonabilidad.
  • Implementación del nuevo Código Procesal Penal promoviendo reformas a la ley de Ministerio Público Fiscal que corrijan la concentración de poder en la cabeza del Ministerio Público y aseguren adecuados y eficaces controles.

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Publicado en Campaña Presidencial 2015, Compromisos Progresistas