Abogada – Política – Diputada Nacional

CONGRESO SUDAMERICANO SOBRE LAVADO DE DINERO Y CRIMEN ORGANIZADO

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CONGRESO SUDAMERICANO SOBRE LAVADO DE DINERO Y CRIMEN ORGANIZADO
20/03/2016
La diputada Margarita Stolbizer estuvo a cargo del cierre del Congreso que durante dos días analizó, con expositores especialistas, la mejora y actualización de herramientas para la prevención en materia de Lavado de Dinero. Fue presentada por el director del Congreso, Alberto Rabinstein También iba a participar la Jueza Federal, Sandra Arroyo Salgado pero por motivos que son de público conocimiento del día viernes, vinculados a la causa por la muerte del fiscal Nisman, no concurrió.

El congreso estuvo dirigido a Sujetos Obligados a Informar y Oficiales de Cumplimiento de distintos sectores como el Bancario, Bursátil, Seguros, Casas y Agencias de Cambio, Mutuales y Cooperativas.

Stolbizer señaló que: “los cambios que debemos producir no son solo normativos sino que fundamentalmente deben ser culturales. Hay un mundo cívico, con una sociedad e instituciones en el que gobiernan las mayorías con respeto por las minorías. Y hay otro mundo, el de la ilegalidad y el delito, organizado y armado, trasnacional.
Es necesario un estado fuerte, que actúe articulado con otros estados para luchar contra la trata, la venta ilegal de armas y el tráfico de sustancias. Tanto desde lo normativo como en el control de las fronteras así como en la cooperación entre países. También el sistema tributario y financiero tiene un rol central en esto”.

“Todo, nos obliga a plantear una agenda multilateral y a entender que la corrupción resulta central para que el comercio ilegal, el narcotráfico y demás delitos operen. De hecho más que por las fronteras o las pistas ilegales, este tipo de delitos ocurren por los pasos controlados a la vista de todos. Por tanto la complicidad, de funcionarios en los niveles judiciales, policiales y políticos ha sido fundamental para que los negocios tramposos que encubren lavado, actúen con impunidad. Quienes gestionan tiene que saber que la transparencia y el control, son la base desde la que podemos comenzar la lucha contra estos delitos”.

“Las nuevas tecnologías han abierto las puertas para que cada vez más se profundicen en tiempo real, los movimientos internacionales de los flujos financieros. Los paraísos fiscales, antes físico, pero ahora esencialmente virtuales, son parte del mundo en que vivimos”.
“Son problemas que no pueden resolverse hacia el interior de los países. La seguridad regional viene siendo amenazada por la irrupción de nuevos factores que alteran nuestra vida ciudadana e institucional. La producción y el tráfico de drogas, el crimen organizado y el terrorismo constituyen una verdadera amenaza a la gobernabilidad democrática y a nuestras posibilidades de desarrollo con equidad”.
“El crimen organizado constituye un fenómeno multidimensional que debe ser enfocado de manera interdisciplinaria e integral en el diseño de las políticas públicas de prevención y persecución. A su vez, ante la acelerada trasnacionalización del fenómeno de la criminalidad económica (narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, lavado de activos), no hay margen para acciones aisladas, que serán de por sí estériles si no se integran con los esfuerzos regionales y globales para atender a estos flagelos. La cooperación es indispensable”
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“Se estima que en América Latina se lavan aproximadamente 400 mil millones de dólares al año, que representan un 7% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, proveniente en gran medida del narcotráfico”.

“La estabilidad política, institucional y económica son condiciones fundamentales para alcanzar el ideal de una sociedad segura. Esa también es la condición más efectiva para luchar contra las organizaciones delictivas vinculadas a economías ilegales de alto rendimiento y a redes públicas y privadas de corrupción”.

Stolbizer concluyo: “Es por todos sabido que los Estados con una institucionalidad débil son los más indefensos frente al crimen organizado. La corrupción socava las instituciones democráticas y en el debilitamiento de las instituciones se cuela el crimen organizado”

Discurso de Margarita Stolbizer

Siempre me ha llamado la atención el abismo creciente que existe entre dos mundos. Uno es el que yo he dado en llamar el mundo de “lo cívico” y otro el de “lo incívico” o “no cívico”. Y estas dos esferas dicen e implican mucho.

“Lo cívico” es la civilización, en donde incluyo a la sociedad cuando se organiza en Estados. Es el avance de la ciencia y la tecnología, la empresa, la cultura y los derechos civiles, sociales y humanos. “Lo cívico” es la tolerancia, el pluralismo, el gobierno de mayorías que suma y respeta a las minorías. “Lo cívico” creo que es finalmente también la sociedad civil. Es el mundo empresario, los sindicatos y gremios, el mundo académico, las ONG, las cooperativas, los partidos políticos, las organizaciones vecinales y todos los grupos que forman parte del normal funcionamiento y desarrollo de la sociedad democrática.

Y frente a esto tenemos a lo “incívico”. Lo “incívico” es un grupo minoritario, pero es compacto y poderoso. Esta fuertemente armado en sentido figurativo y en la realidad. Carece de escrúpulos. Y por eso cree tener una ventaja. Cree que puede abusar impunemente de las ventajas de mundo: de los avances tecnológicos, de las fronteras abiertas, de los mercados libres. Son los traficantes, los criminales y los corruptos. Son los que desbaratan y corrompen con su accionar las buenas obras de “lo cívico”. Se mueven en canales que desarrollan para transportar sus bienes y servicios ilícitos, que hoy pueden ser drogas o armas, mañana migrantes o los activos fruto de la corrupción. Y esos delincuentes en forma más o menos consciente y organizada se ayudan, coordinan y apoyan.

Y es aquí donde entramos nosotros, hoy, aquí. Es aquí donde entran con fuerza los Estados, por ejemplo desde el aspecto internacional. Porque a estas cadenas de delincuentes, los Estados tenemos la obligación y necesidad de oponer nuestras propias cadenas.

Debe quedar claro que estos grupos delictivos actúan en forma global. Y esto no quiere decir que sus integrantes son extranjeros o que cada banda narco o de tráfico de personas es una filial extranjera. Es crimen organizado transnacional porque las chicas secuestradas aparecen como esclavas sexuales en otros países, porque las armas que usan los narcos a veces son traídas de países insospechados, porque las existencias de sustancias controladas para fines médicos y científicos aparecen en manos de un cartel mexicano y porque el funcionario de turno encargado de controlar esas sustancias recibió una coima por incumplir su deber que fue depositada en divisas en un banco extranjero. Y desgraciadamente acá estoy citando solo un caso de los doce años pasados y no un ejemplo hipotético.

Pero en estas palabras ya he esquematizado parte de la respuesta. Creo firmemente en el papel que los Estados tienen que cooperar, colaborar y coordinarse entre ellos.

Y aquí no estoy solamente hablando de la lucha contra el delito. Sabemos que vigilar las fronteras, controlar el espacio aéreo y marítimo, tener buenos documentos, legislación de avanzada que permita la persecución en caliente por ejemplo, es una parte esencial de la cooperación contra el delito organizado transnacional. Pero también lo son la asistencia jurídica recíproca, el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas entre jueces y fiscales, el entrenamiento para las aduanas y los sistemas de datos comunes o alimentados en forma común.

Los países se han ocupado de eso. Tanto en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de activos como contra el delito organizado transnacional tenemos instrumentos de avanzada. En el primer ámbito tenemos la Convención de Mérida y en el segundo la de Palermo, con sus tres protocolos contra la trata de personas, el trafico de migrantes y armas de fuego. Son instrumentos de avanzada estructurados esencialmente para fomentar y facilitar la cooperación interjurisdiccional. Adicionalmente hay elementos muy interesantes. Por ejemplo en lo que hace a la vinculación entre las esferas, porque no se puede concebir la lucha contra el delito sin combatir el blanqueo de sus resultados. En este ámbito la convención contra el delito transnacional es clarísima y bien al inicio, en su articulo quinto, penaliza el blanqueo del producto del delito y sugiere medidas concretas como la tipificación (artículo 7) y contra la corrupción (artículos 8. Y 9).

Tenemos un cuerpo normativo completo sobre el que hay que trabajar con algunas reformas. Pero lo que debe estar claro es que nuestros conflictos no se deben a la falta de normas sino al incumplimiento de ellas o a la implementación de las convenciones internacionales dentro del derecho local.

Fundamental también, es el tema del decomiso y un tema en que el mundo todavía está un poco dividido. Un motivo es el tema del retorno de los activos decomisados cuando ellos hubieran pasado a una jurisdicción diferente. Y pese a que la respuesta pueda parecer simple, no lo es. Es decir, puede ser fácil hablar de retorno cuando el dinero es claramente sustraído del Estado, porejemplo por funcionarios corruptos. Pero no es tan claro, y ahí es cuando entra el concepto de compartir o dividir esos activos en los que la comunidad internacional aun no esta de acuerdo, es cuando los recursos han sido propiedad de un grupo delictivo o de un grupo narco.

Pero esto es solamente un acto, un aspecto muy importante si se me permite, de la lucha contra el delito organizado transnacional y el lavado de activos. Y Argentina tiene un cuerpo profesional que esta negociando y coordinando las negociaciones en este y otros temas, como es el servicio exterior de la nación. A ellos y a los funcionarios que negocios por nuestro país hay que darles un mandato claro y un ejemplo nacional, porque como me comentaba un diplomático argentino, en estos años hablar por Argentina de la lucha contra el delito y la corrupción era como hablar de la luz del sol en lo más oscuro y frio de la noche.

Y para ello tenemos que tener un Estado profesional, con una agenda común, abierto a la sociedad para recibir y transmitir ideas e información, Y ahí nos vamos acercando a mi primera conclusión, porque como demuestra la historia, el derecho, la política internacional y aun las tecnicalidades de cada esfera de las que nos ocupamos, la lucha contra la corrupción y contra el delito organizado transnacional requiere un fuerte compromiso político al mas alto nivel. Y en todas las esferas, desde la prevención y la educación hasta el enjuiciamiento, muy especialmente, y también en el castigo a todos los participantes.

Siempre más lavado implica más delito, ganancias ilícitas, más inseguridad y más violencia. Aunque no necesariamente la sanción de las normas o la persecución del lavado signifique menos violencia o menos delito. Para eso, hay que tener una política criminal integral, y una visión estratégica de cómo actuar frente al delito.

Debe ser motivo de una agenda estatal, nacional y regional. Contra el lavado y contra los delitos que generan el dinero que después se lava.

La lucha contra estos delitos tiene aspectos legales, judiciales y también administrativos, sin los cuales lo anterior es insuficiente.

Los esquemas tributario y financiero deben armarse con el fin de evitar la proliferación de actividades ilícitas y no para favorecerlas. Sobre este punto también es que hay que pensar en una agenda regional que debe ser severa, sistémica y estratégica para que pueda ser parte de una lucha eficaz contra el lavado. Y para eso debe contemplar: mecanismos de estabilización macroeconómica regional con recursos propios para enfrentar escenarios de volatilidad; expansión del comercio intrarregional, con optimización de recursos locales y mayor valor agregado en la producción; promover desarrollo económico y social con inclusión; consensuar políticas de flujos de capitales, desestimando los de corto plazo y dando prioridad a destinos productivos; intercambio de información financiera y fiscal para romper espacios grises en la regulación de los países; buscar mayor estabilidad financiera para tener más autonomía con relación a economías centrales y promoviendo y fortaleciendo las monedas locales para el intercambio regional.
Un aspecto central a tener en cuenta es que hablamos en la mayoría de los casos de delitos complejos de organizaciones criminales trasnacionales.

El capitalismo es global y nuestra obligación es pensar globalmente aunque actuar localmente, especialmente frente al flujo de capitales internacionales y acciones ilícitas que se derivan de ese flujo de capitales.

El crimen organizado constituye un fenómeno multidimensional que debe ser enfocado de manera interdisciplinaria e integral en el diseño de las políticas públicas de prevención y persecución. A su vez, ante la acelerada trasnacionalización del fenómeno de la criminalidad económica (narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, lavado de activos), no hay margen para acciones aisladas, que serán de por sí estériles si no se integran con los esfuerzos regionales y globales para atender a estos flagelos. La cooperación es indispensable.

Se estima que en América Latina se lavan aproximadamente 400 mil millones de dólares al año, que representan un 7% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, proveniente en gran medida del narcotráfico.

La estabilidad política, institucional y económica son condiciones fundamentales para alcanzar el ideal de una sociedad segura. Esa también es la condición más efectiva para luchar contra las organizaciones delictivas vinculadas a economías ilegales de alto rendimiento y a redes públicas y privadas de corrupción.

Es por todos sabido que los Estados con una institucionalidad débil son los más indefensos frente al crimen organizado. La corrupción socava las instituciones democráticas y en el debilitamiento de las instituciones se filtra el crimen organizado.

Hoy somos parte de una crisis del capitalismo a escala global. Lo mismo acontece con el delito de lavado. Entonces la lucha política debe articularse de manera global. Porque los capitales financieros internacionales son globales, y también el terrorismo es global, como el lavado de dinero.

Las nuevas tecnologías han abierto las puertas para que cada vez más se profundicen en tiempo real los movimientos internacionales de los flujos financieros. Los paraísos fiscales, antes físico, pero ahora esencialmente virtuales, son parte del mundo en que vivimos.

Son problemas que no pueden resolverse hacia el interior de los países. La seguridad regional viene siendo amenazada por la irrupción de nuevos factores que alteran nuestra vida ciudadana e institucional. La producción y el tráfico de drogas, el crimen organizado y el terrorismo constituyen una verdadera amenaza a la gobernabilidad democrática y a nuestras posibilidades de desarrollo con equidad.

Esto nos impone una agenda multilateral que aborde también el desarme, el control y comercio de armas; las tensiones sociales como consecuencia de la pobreza y la desigualdad; las migraciones, la discriminación y la xenofobia como señales de intolerancia y violencia en la anticipación del acto terrorista.

La globalización y el control de las fronteras. La necesidad de repensar la cooperación internacional. Y ahí en medio de todo esto el delito de lavado de dinero destinado a la financiación de actividades ilegales, o al encubrimiento de ellas con la transformación de las ganancias hacia el circuito legal.

Si se quiere abordar con seriedad el tema del lavado de activos y las inversiones provenientes de recursos ilícitos, la respuesta del Estado debe ser integral y centrarse en la eficacia de la intervención. Y la eficacia está asociada al poder de mercado, a que el gobernante no esté asociado en la ganancia del delito, a atacar el lucro de esas organizaciones criminales y círculos corruptos.

El crimen organizado se nutre y expande gracias a sus capitales y al descontrol en su seguimiento, a la opacidad del sistema. Por ello es necesario abordar la base material de la criminalidad: la rentabilidad. Hablamos de niveles de rentabilidad que sólo pueden explicarse por la ilegalidad misma de estos mercados.

Para terminar, quiero abordar dos cuestiones a veces soslayadas del debate público, pero imprescindibles:
La primera tiene que ver con el mundo real en que se dan nuestros debates. Venimos hablando de la necesidad de ordenar los marcos normativos y administrativos vinculados con la actividad financiera. Pero no podemos ignorar que nuestros países, en particular en América Latina, están marcados por la economía informal, con altos porcentajes de la población que están en la precariedad laboral y sin acceso al sistema bancario. Estas cuestiones que tanta importancia tienen al momento de discutir estas cuestiones deben formar parte de una política de prioridad gubernamental atento las implicancias que tienen desde lo social, lo humano y también frente a la necesidad de garantizar marcos institucionales para el combate de los delitos.

El otro aspecto, tan actual y lamentable a nuestra política local, tiene que ver con el poder, con la corrupción dentro de los estamentos gubernamentales, la afectación del principio republicano de la división de los poderes y la independencia de la justicia. Si hay impunidad, que es la renuncia a impartir justicia por parte de quienes están obligados a hacerlo, si la investigación de los delitos de corrupción tiene un promedio de duración de 14 años, y si la corrupción cuenta con altos niveles de tolerancia social, no podemos engañarnos respecto de que los cambios puedan provenir solamente de los aspectos normativos o la buena voluntad en el uso de las tecnologías que nos acercan al desarrollo.

La lucha contra la corrupción no es un fin en sí mismo, sino el camino imprescindible para garantizar derechos y una mejor calidad de vida a todas las personas.

La corrupción impacta negativamente en el desarrollo y los derechos de las personas, redunda en más pobreza, más desigualdad, menos educación, salud o vivienda. Menos derechos.

Sobran ejemplos de que la corrupción y el vaciamiento del Estado impactan en la vida de las personas. Las pérdidas se miden en vidas humanas, en calidad educativa, salud, vivienda e infraestructura básica, trabajo, seguridad.
El aumento de la corrupción pública y privada, el avance de la criminalidad compleja y sus vasos comunicantes con el delito común, la connivencia entre crimen organizado, fuerzas policiales y grupos políticos, tienen efectos multiplicadores violencia, desigualdad, marginalidad.

Es necesario recuperar la cultura de la institucionalidad y la transparencia. La corrupción es inadmisible en todos sus niveles. No existen márgenes de tolerancia. Y para ello hay que dar el ejemplo de arriba hacia abajo, sin hipocresía.

Hemos visto en los últimos años como se ha destruido esa institucionalidad abriendo paso a la corrupción naturalizada como parte del gobierno; capitalismo de amigos, nueva burguesía empresaria de las obras públicas y el juego, un Vicepresidente procesado por coimero, la cooptación y el disciplinamiento de la justicia, el financiamiento ilegal de la política, la opacidad. Con terribles costos sociales y humanos.

Los videos conocidos en los últimos días, -y que ojalá provoquen una reacción acorde con la gravedad de lo que se muestra- son la puesta al desnudo, con obscenidad, de lo que se ha permitido en esta década: concesiones irregulares, tramposas, sobreprecios, facturas truchas, complicidades del banco oficial, negocios hoteleros o del juego (como las más grandes y reconocidas universalmente actividades lavadoras), relaciones con el poder o con los poderosos. Esto es lo que nos ha pasado, o más bien lo que ha pasado frente a los ojos de una sociedad que, hasta tener el agua al cuello, prefirió mirar para otro lado.

La perspectiva ética como parte de la política y de la cultura, es aquello que se define por lo que impera en nuestras decisiones frente a la vida, eligiendo lo bueno por sobre lo malo, el bien colectivo por sobre el individual, la búsqueda de Lo Justo, no pueden estar por fuera de nuestras consideraciones en este tipo de eventos.

Muchas gracias.