Buenos Aires, 1 de abril de 2016.
La democracia no debe convertirse en un sistema donde cambian los ganadores electorales y se mantienen los perdedores sociales. Tampoco debe asumirse como un espacio institucional donde a los sectores populares se les explica y se les aplica los costos de la crisis, mientras que las decisiones tomadas en ámbitos alejados del debate público redistribuyen beneficios extraordinarios hacia las minorías.

La economía argentina arrastra problemas de larga duración que la precipitan en crisis recurrentes. Dichas crisis se insertan en un sistema mundial que, a su vez, no puede garantizar el crecimiento y el bienestar.

El actual gobierno recibió una compleja situación: desbalance externo y fiscal; alta inflación; agotamiento de los incentivos al consumo; incapacidad de crear empleo y una visión de los sectores más concentrados de la economía acerca de la necesidad de realizar un fuerte ajuste.

Estos problemas, como resultado de decisiones absurdas, requerían una mirada exhaustiva (más allá de la discusión de la herencia y la emergencia) porque condicionan las políticas a aplicar. Pero no era suficiente la mera invocación a la equidad social mientras se mantienen concesiones a aquellos sectores de alto poder económico y se disponen medidas de ajuste brutal que siguen pagando los mismos.

Es tiempo de definir con claridad una agenda de prioridades donde los trabajadores, los jubilados, y los más débiles tengan del Estado una tutela capaz de revertir la tendencia inexorable que continúa: más pobres, menos y peor empleo y mayor vulnerabilidad social.

Millones de familias, desocupados, trabajadores precarizados, jubilados, amas de casa, trabajadores formales y empresarios están siendo forzados a sufrir los efectos de una crisis que no produjeron y a pagar los costos de beneficios que nunca percibieron. Entretanto, los beneficiados de todos los tiempos, no solamente no son llamados a hacerse cargo de los daños, sino que siguen formando parte del circuito de las decisiones de la política económica nacional.

La emergencia es el momento donde con más claridad aparecen los valores y perspectivas políticas, sociales y éticas más profundas.

Nuestro objetivo no es utilizar los costos sociales como un arma arrojadiza en el marco de la competencia política. Más allá de ser una oposición responsable (que es el lugar donde nos colocó la sociedad), nuestro deber es ser coherentes con los intereses y perspectivas de quienes viven como un riesgo o un castigo lo cotidiano de nuestro país.

Proponemos una agenda alternativa a la política de financiar el crecimiento con el sufrimiento colectivo.

a) Una reforma fiscal que reformule integralmente el impuesto a las ganancias, modifique las retenciones y cánones, grave las transacciones financieras y las transferencias gratuitas y supervise los precios de transferencia de los conglomerados transnacionales. Se impone además la discusión de una contribución extraordinaria por parte de los sectores más beneficiados para que los más pobres y el estado puedan hacer frente a la crisis actual. Proponemos la aplicación de un impuesto extraordinario a las altas rentas, que incluya a los 100.000 mayores contribuyentes de la Argentina, para que los ajustes no sean soportados por los que siempre pierden.

b) Un acuerdo por el empleo y los ingresos populares que incluya una política de precios, salarios y transferencias sociales que ahora, y no mañana, se haga cargo de que ningún niño en la Argentina quede bajo la línea de pobreza, con mecanismos de emergencia para evitar despidos y la universalidad de los sistemas de previsión social y salud.

c) Un programa especial de atención a usuarios y consumidores, para que además de protegerlos contra la brutalidad de los aumentos, se garantice la prestación y calidad de todos los servicios a todas las personas, con independencia de su nivel de ingresos o territorio donde vive.

Nuestro país no crece y nuestra sociedad no se realiza porque impera la desigualdad. La desigualdad no es la consecuencia sino la causa de nuestros problemas. Enfrentarla es una tarea difícil, de largo aliento, pero imprescindible si aspiramos a asociar a la política con el bienestar colectivo.