Stolbizer propone derogar la ley que dispuso que el Estado no sea responsable por los hechos irregulares de sus funcionarios y celebro la decisión de investigar al ex ministro De Vido.

30 de diciembre. Para la diputada Margarita Stolbizer, la tragedia de Once y la investigación judicial son el relato más patético del funcionamiento mafioso de las relaciones entre empresarios, sindicalistas y funcionarios públicos que, durante el kirchnerismo, se apropiaron de los recursos públicos y en beneficio personal, a costa de la seguridad y la vida de las personas. El resultado no podía ser peor pero tampoco podía ser otro.

«Durante el último gobierno se protegió a los funcionarios corruptos, incluso a los confesos. La ex Presidenta no manifestó ni siquiera su dolor frente al que sufrían víctimas y familiares. Y como otro de los aspectos más graves, se aprobó una reforma legislativa para consagrar la IRRESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE LOS FUNCIONARIOS, y por lo tanto su IMPUNIDAD».

«Intencionalmente se cambiaron los términos del texto de reforma del Código Civil que habían redactado juristas prestigiosos, para cambiar la jurisprudencia sobre responsabilidad estatal y se aprobó una ley especial que consagró semejante atrocidad ética y judicial».

Por lo tanto, expresa Stolbizer, uno de los compromisos que debemos tener hacia adelante además de la sanción que se aplicará a los condenados por la tragedia, es también la reparación de aquellos mecanismos que fueron aprobados para eliminar las responsabilidades. El Estado debe hacerse cargo, siempre por el ejercicio irregular de sus funcionarios. Y éstos también deben pagar por ello con sus propios patrimonios. Recordemos además que la misma ley beneficia a los concesionarios privados.

En oportunidad de la sanción de la ley, esto era lo que decía:
«Dentro de los grandes principios rectores que inspiran todo el ordenamiento jurídico y que luego obligan a los jueces en su aplicación, el primero de ellos es el derecho de todas las personas a no ser dañadas. Eso siempre tiene como correlato el deber de todos los demás de no dañar. Detrás de esto está el derecho a ser compensado cuando a una persona se le provoca un daño y, obviamente, está el deber correlativo que implica que aquel que dañó debe compensar, debe indemnizar a la persona dañada.

Esta es la base del sistema de responsabilidad que tiene nuestra legislación de fondo y que está basado en el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional y también en el derecho a la reparación integral a través de cantidad de fallos, entre los que destaco sobre todo los tratados de derechos humanos que han consagrado el derecho a la reparación integral y le han dado jerarquía.

Esto desnuda cuál es la única prioridad que esta iniciativa tiene, que es la protección de la inmunidad de los funcionarios. Muchos hablan de proteger al Estado y a su patrimonio, pero en realidad se protege a los funcionarios, en una clara y nueva confusión de quienes están en el gobierno, en el sentido de que ellos son el Estado.
Cuando se intenta proteger al funcionario bajo el discurso de la defensa del Estado lo que se hace es proteger a sus funcionarios garantizándoles un manto de impunidad.

El Estado no puede ser no responsable. El deber de reparación es integral y comprende absolutamente a todos; al Estado primero que a los demás, y obviamente a los funcionarios que dañaren a otros.
Lo cierto es que se intentan reducir las responsabilidades del Estado a su mínima expresión. Una vez más lo que se hace -como decía- es confundir los intereses del gobierno de turno con el interés general, poniendo en definitiva esta idea de la mezcla del gobierno con el Estado para sancionar leyes a medida.

Entonces, bajo el discurso de la protección del Estado, ¿frente a quién se busca tutelar al Estado? ¿De quién quieren proteger al Estado? Quieren proteger al Estado frente al ciudadano común, el más indefenso y el más vulnerable, porque lo que hacen es reposicionar un Estado al que adjudican fortaleza –pese a que lo protegen- sacrificando derechos individuales y colectivos que tienen raíz constitucional, pero además son los derechos que pertenecen a los sectores más débiles. Me refiero a los usuarios, a los consumidores, a los vecinos, a los jubilados, a las organizaciones de la sociedad civil y a las víctimas de la negligencia estatal y de la corrupción pero, mientras tanto, en el discurso sacralizan al Estado.

Nos preguntamos entonces de qué hablamos cuando mencionamos un Estado fuerte. ¿Es el que delega sus funciones y mantiene intacta la vigencia de concesiones, pese a que los concesionarios no cumplen con sus obligaciones? Tenemos un Estado que ha desatendido sus funciones de contralor y que asigna millones y millones en forma indiscriminada, entre otras cosas, para que la gente viaje bien y, sin embargo, termina transfiriendo recursos a empresarios inescrupulosos que causan tragedias como las de Once.

Si algo no tuvieron las víctimas y familiares de la tragedia de Once, sin ninguna duda fue una respuesta de este “Estado fuerte”. Lo único que tuvieron fueron promesas, discursos de la revolución ferroviaria y tantas otras cuestiones, pero en el Ferrocarril Sarmiento seguimos con las promesas incumplidas.

Lo que hizo la Justicia, en cambio, fue imputar de manera común a los empresarios inescrupulosos y a los funcionarios deshonestos, cómplices de administración fraudulenta y estrago, mucho más cerca entonces de reconocer las responsabilidades civiles que les corresponden y el pago que deben hacer con sus patrimonios personales.

Este es un proyecto de ley a medida de los intereses personales del gobierno.
Pero lo más grave es que creo seriamente que avanzar en el camino de esta norma significa asestar un garrotazo mortal a la República y al Estado de derecho, porque lo que vamos a tener son funcionarios irresponsables por lo que hacen y un Estado al que ningún ciudadano afectado en sus derechos podrá reclamarle.

Se da vía libre a la corrupción y al enriquecimiento a través de la aprobación de una norma legal respecto de la cual el oficialismo nos quiere hacer creer que este tipo de conductas serán legales a partir de ahora porque no van a ser objeto de la aplicación de sanciones, estarán permitidas y sustraerán al Estado y a los funcionarios, en esta nueva confusión que se genera, de las responsabilidades que el resto de los argentinos tienen. Me refiero a la responsabilidad frente al derecho, en primer término, de no dañar, y en segundo lugar, de compensar a aquel al que se haya dañado. »

La Diputada y Presidenta del Partido GEN presentará el proyecto de derogación de la Ley 26.944.