La Diputada Margarita Stolbizer (Partido GEN – Bloque Hacemos Coalición Federal) presentó un
Proyecto de Ley para extender la vigencia del Fondo de Incentivo Docente (FONID) creado por Ley
N° 25.053, con tiempo de duración hasta tanto se sancione una Ley de Coparticipación o hasta que
el Poder Ejecutivo Nacional y los Gobernadores alcancen la firma de un Acuerdo Político y Fiscal.

El mismo proyecto, -que también firman los Diputados Mónica Fein, Esteban Paulon y Natalia de la Sota- propone dejar en manos del Consejo Nacional de Educación, la fijación de los criterios de asignación del Fondo, para garantizar sus fines y objetivos”.

“Atendiendo a la urgencia que tiene el pago del incentivo para garantizar el inicio de clases y la asignación de esos fondos ya prevista en el Presupuesto prorrogado, no corresponde que el Ejecutivo Nacional los retenga, agravando la crítica situación del financiamiento educativo y de las provincias. La incertidumbre afecta el acceso a la educación en todo el territorio y por eso, en cuanto se inicie el período ordinario de sesiones del Congreso, se debería buscar un acuerdo general y transversal para llevar adelante una sesión especial, unificando todas las iniciativas similares de tal manera de asegurar la continuidad del fondo y la inmediata transferencia a las provincias.”

Atendiendo al control sobre la disposición de los recursos y la gestión, Stolbizer también ha presentado un Proyecto de Resolución para que el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se presente a brindar información sobre el estado de ejecución del Presupuesto, y sobre el destino que se ha dado a las partidas que estaban asignadas al FONID, y sobre la asignación de los mayores recursos devengados por el incremento del impuesto PAIS, los derechos de exportación y el Impuesto al Valor Agregado.

El Informe “Análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional – Enero 2024”, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), indica que los gastos primarios de la APN cayeron un 30,8% en términos reales, mientras que los ingresos impositivos crecieron 15%.

Las disminuciones más importantes se dieron en programas sociales (59,6%), transferencias a provincias (53,3%), jubilaciones y pensiones (32,5%), gastos en personal (18%), asignaciones familiares (17,7%) y transferencias a universidades (16,5%).

De ese modo, con la licuación del gasto social en enero, el Poder Ejecutivo informa que pudo obtener superávit financiero, solo explicado en el retroceso de ese costo social, sobre el que debería recaer un cuestionamiento ético.

“La diferencia entre la baja del gasto y el aumento de la recaudación le dan al Ejecutivo una franja importante de recursos a asignar con discrecionalidad. El Congreso debe pedir información porque debe intervenir en esas decisiones. Por eso se requiere la presencia del Jefe de Gabinete a dar las explicaciones que corresponden.”

En igual sentido, la Diputada Stolbizer presentó un pedido de Acceso a la Información Pública queel Poder Ejecutivo deberá responder en los términos indicados por la ley.

“El Gobierno viene practicando un brutal ajuste que no elimina privilegios sino que los consolida. No paga la casta sino los sectores medios afectados en sus ingresos y sus consumos y los más pobres, a quienes se los amenaza con la quita de programas sociales necesarios para su subsistencia.”