Por Margarita Stolbizer, Presidenta del Partido GEN y de la ONG Bajo La Lupa

El funcionamiento del sistema de justicia viene estando desde hace años, por decirlo de modo vulgar, “en boca de todos”. Agregaría “y en agenda de nadie”.

Como demostración de una indignación colectiva, de una ineficacia comprobada, no hay argentino/a que no sitúe a la justicia como una de sus preocupaciones.

Se trata de una demanda vinculada también con las necesidades y reclamos de la vida doméstica y en particular, con nuestros derechos y con nuestra economía cotidiana. La crisis de gestión del sistema judicial se manifiesta también en una débil o precaria institucionalidad que se hace evidente con un estado ausente, un régimen republicano que no es tal, una moneda de fragilidad evidente, déficit de información, integridad y rendiciones de cuentas, pobreza creciente y desigualdad de las personas en el acceso y ejercicio de sus derechos.

Sin embargo, cambian los gobiernos y un tema tan central para que el resto de las cosas funcionen y para que exista una autoridad que así lo garantice, no figura en la agenda política. Pondría en la misma categoría de la exclusión de prioridades, a la educación. Lamentable.

Tampoco es posible pensar en reformas, como ya hemos visto en el pasado, impuestas desde escritorios de la administración que no fueron ni consultadas ni consensuadas con los actores del sistema judicial.

Abordar los cambios necesarios para darle a la justicia celeridad, eficacia, transparencia y credibilidad debe ser un compromiso colectivo, asumido por ellos de manera imprescindible, pero incluyendo también a otros sectores de la política, de la economía y obviamente, de la academia y las universidades.

Dejando esas generalidades de lado, nos encontramos frente al desafío de pensar la justicia de cara a un nuevo gobierno. Y entonces no faltan preocupaciones sobre la forma en que los más altos funcionarios han decidido encarar la cuestión.

La antojadiza calificación de “presos políticos” para intentar por esta vía desincriminar a quienes, comprobadamente, han cometido delitos relacionados con la corrupción, el abuso de poder y el enriquecimiento ilícito, es una cachetada al estado de derecho. Es una pretensión peligrosa para cualquier escalón de la capacidad que se quiera autoasignar cualquier profesor de derecho penal.

Las investigaciones judiciales en curso, en su mayoría, han reunido suficientes y contundentes elementos de comprobación de esos delitos. Y no se trata simplemente del funcionario escopeta en mano que dejaba los bolsos con dólares en un convento y al que todos sin distinción dieron la espalda. La fortaleza de las imputaciones radica en documentación incuestionable y hasta en el reconocimiento que han hecho muchos de los mismos imputados/involucrados.

No hablo solamente de los arrepentidos, buscadores de una mejora en sus propias situaciones procesales. Hablo de la desvergonzada defensa que se ha hecho sobre los negocios privados con los contratistas del estado que produjeron ganancias millonarias en el anterior gobierno.

No hago reclamos de prisión, sino de justicia, esclarecimiento, sanción y terminar con la impunidad que parece ser una marca nacional.

Por supuesto que compartimos el abuso que existe en nuestro país respecto de la aplicación de las prisiones preventivas. Y eso se vincula directamente con un ineficaz y lento sistema procesal. Los temas se resuelven agilizando la aplicación de la ley y la resolución de las causas, no haciendo pagar a los imputados con la restricción a su libertad personal.

Pero esta apreciación no puede ser de consideración discrecional cuando se defiende a los presos poderosos y ricos imputados en causas de corrupción mientras se tapan los ojos frente a la discrecionalidad de un sistema que no se conmueve frente a las cárceles hacinadas de jóvenes pobres.

En la descripción de los conflictos que se advierten en torno al Poder Judicial no puedo dejar de mencionar el incremento insoluble y trágico de las estadísticas de violencia de género y la impotencia para atender estas situaciones que solo vemos repetirse y agravarse. Sin que esta apreciación implique decir que las respuestas solo deben venir por el camino de la sanción penal, pero no puede estar ausente una respuesta mucho más adecuada para prevenir y evitar.

Faltaría al equilibrio que siempre he intentado mantener, no mencionar que aquellos que, dentro del sistema, disfrutan de bailar al compás del poder, han actuado de igual manera con el último anterior gobierno, durante el cual tampoco avanzaron las causas en las que se debían investigar hechos de algunos de sus funcionarios que también podrían calificarse como delitos en contra dela administración pública.

La política debe asegurar la independencia de los poderes, no interferir de ninguna manera (ni teléfono, ni servilleta, ni mensajes encubiertos) en el funcionamiento del sistema judicial. No confundir a los operadores del mismo con el altísimo valor de la justicia concebida desde el valor de lo justo, de dar a cada cual lo que le corresponde, de asegurar derechos sin diferenciación de ningún tipo, condenando la discriminación y asegurando la igualdad.