En esta última década, se destruyó el sistema de declaraciones juradas patrimoniales. La corrupción mata y los funcionarios se enriquecen. Además de revisar la corrupción pasada, debemos prevenir la futura.

1 Los funcionarios públicos cederán obligatoriamente, mientras durante sus mandatos o cargos, la administración del patrimonio que será regulado por un fideicomiso ciego.

2 Oficina Anticorrupción independiente: a) reubicación fuera de la órbita del Ministerio de Justicia con rango de Secretaría de Estado; b) selección objetiva por concurso y con participación ciudadana del Director de la Oficina Anticorrupción, que tendrá mandato fijo y diferente al de las autoridades políticas; c) se aplicarán los mismos criterios de selección para el Director de Investigaciones y el Director de Promoción de Políticas de Transparencia.

3 Elaboración de un Registro Nacional de Sociedades y Fideicomisos y de un Registro de la Propiedad Inmueble Nacional para contar con una base única de información que evite maniobras para encubrir hechos de corrupción.

4 Nueva legislación en anticorrupción empresarial para sancionar los hechos de corrupción en sede administrativa sin tener que esperar los tiempos de la justicia penal.

5 Ley de lobby para regular la gestión de intereses, transparentar y dar iguales oportunidades a todos los sectores en el proceso de toma de decisiones en el estado.

7 Derogación de las últimas leyes de la llamada «democratización de la justicia» que han quitado transparencia a las declaraciones juradas de jueces y funcionarios.