Abogada – Política – Diputada Nacional

Idea #31. Más derechos para las personas con discapacidad.

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idea 31
En Argentina son más de 7 millones. Es imprescindible dejar de considerarlas como objeto de beneficencia o asistencialismo para ser sujetos de derecho que son consultados y participan en decisiones, leyes y políticas que los atañen.

A. Eliminación de barreras físicas y de comunicación. Diseños universales accesibles y otras formas de accesibilidad física, así como formas de comunicación accesible como el sistema Braille, entre otros. Reconocimiento efectivo de la lengua de señas como lengua de la comunidad sorda, difusión de su uso y existencia, presencia de intérpretes de lengua de seña donde sea necesario, uso de lenguaje simple y formas y modos alternativos y aumentativos de comunicación que aseguren el efectivo ejercicio de los derechos, convencidos de que el entorno es uno de los componentes que determinan el grado de discapacidad y, en muchos casos, la discapacidad misma.

B. Garantizar los derechos de transporte y el principio de gratuidad exigiendo a las empresas la completa accesibilidad del transporte en relación a los vehículos, puntos de acceso y descenso, y frecuencias, juntamente con el acceso razonable a los pasajes.

C. Cumplimiento del derecho a la información, tanto en el plano de los medios masivos de comunicación, como el acceso a la información específica en temas de salud, obras sociales, empleo, escolaridad, cuestiones legales, entre otros.

D. Capacitación profesional a nivel universitario y terciario no universitario para que cada profesional desde el inicio de su formación se encuentre imbuido en los principios de no discriminación, valoración de la diversidad, respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones, igualdad de oportunidades, accesibilidad y demás principios enunciados en el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad.

E. Educación Inclusiva en toda la Argentina. Nuestro objetivo es que las personas con discapacidad se eduquen en la escuela pública común, convirtiendo las escuelas especiales existentes en centros de apoyo a los docentes de la escuela común, garantizando la permanencia, terminación de los estudios y la obtención de los títulos correspondientes, teniendo siempre la mira puesta en la inserción laboral. Se atenderá especialmente a la formación de docentes y otros profesionales de la educación y la salud para que actúen en el ámbito de la educación inclusiva.

F. Garantizar el acceso a educación sexual y reproductiva y la participación cada vez más activamente en la toma de decisiones que las afecten, en pie de igualdad con los demás.

G. Erradicación de la violencia y el abuso sexual contra las personas con discapacidad, que son el grupo más vulnerable de la sociedad.

H. Para todas las personas con discapacidad que se encuentren cursando un embarazo, cumplimiento de un protocolo de atención médica y psicológica que les permita comprender el proceso que están atravesando, incluyendo el momento del parto y la crianza del bebé.

I. Cumplimiento en el ámbito del estado nacional al cupo laboral del 4% para personas con discapacidad establecido en la ley. Crearemos más incentivos para que el número de personas con discapacidad trabajando en el ámbito privado sea cada vez mayor.

J. Capacitación del personal del Estado que se desarrolle en atención al público para tratar con personas con discapacidad según su discapacidad.

K. Garantizar el derecho a la salud y a la rehabilitación de todas las personas con discapacidad, creando centros de rehabilitación que den atención a las personas que lo necesiten cerca de los hogares de quienes lo necesitan, en todas las áreas urbanas y rurales del país, teniendo en cuenta las necesidades de todas las personas con discapacidad.

L. Apoyos necesarios para fortalecer a la familia ampliada, de manera de lograr que los niños y adolescentes con discapacidad vivan en sus hogares y que los adultos desarrollen su vida incluso la formación de sus propias familias, en la comunidad, según sus preferencias y opciones informadas.

M. Estadísticas confiables en materia de discapacidad que permitan ajustar las políticas públicas para el pleno cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.