El Gobierno decidió fallidas intervenciones al sector agropecuario. Se produjo una caída significativa del stock ganadero y diversas trabas discrecionales a las exportaciones de determinados productos, como el trigo, que terminaron reduciendo las cosechas.
Consideramos a los hombres y mujeres del campo no solo como sujetos de un entramado productivo, sino fundamentalmente como sujetos de la ruralidad concebida en su dimensión social y cultural, por ello promovemos la mejora integral de su calidad de vida, facilitando su arraigo, con servicios públicos de calidad equiparables a las zonas urbanas.
1. Eliminación de trabas a las exportaciones de tipo discrecional que no estén asociadas a problemas reales de abastecimiento del mercado interno.
2. Eliminación de las retenciones relacionadas con economías regionales (carne, leche, frutas y verduras) y se reducirán sin dilaciones, incluso en el caso de cereales (trigo y maíz), cuidando de mantener el precio doméstico acorde con el poder adquisitivo de la población.
3. Incentivos tributarios en el impuesto a las ganancias: revisión del impuesto a la ganancia mínima presunta atendiendo a moderar la carga potencial sobre las unidades de menor escala; amortización acelerada de inversiones en pasturas, aguadas, equipos, genética, sanidad y asesoramiento técnico especializado; exención del aumento neto del stock de vientres por escala y tiempo limitado, aplicable también a los efectos de la determinación del impuesto a la ganancia mínima presunta y bienes personales. Incentivos tributarios en el impuesto al valor agregado: reducción paulatina de las tasas vigentes.
4. Eliminación de los ROE y otras reglamentaciones que dificultan la actividad del campo sin resultados. Derogación de la Ley de Abastecimiento.
5. Mejora logística de rutas, puertos y ferrocarriles para bajar los costos de transporte y mejorar la competitividad de las economías regionales (Idea #42).
6. Implementación de un Consejo Federal Agropecuario para las políticas agropecuaria de mediano y largo plazo, integrado por el Poder Ejecutivo Nacional, los poderes ejecutivos provinciales, las entidades del campo y los trabajadores rurales.
7. Creación de una Agencia Nacional de Desarrollo Local con el objetivo de promover el desarrollo económico productivo sustentable, con equidad social y equilibrio ambiental y territorial. Participarán entidades empres7ariales, universidades, institutos de investigación y desarrollo, órganos de los estados y la sociedad civil. Establecimiento de programas de asociación público-privada transparentes y eficientes, para promover a las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país. Impulso al desarrollo de los pequeños y medianos productores con generación de empleo de calidad, considerando las cadenas de valor y la incorporación de la bioeconomía.
8. Modificación de la legislación sobre arrendamientos rurales, buscando limitar los contratos por cosecha, que perjudican al pequeño y mediano productor, favorecen la concentración, el ingreso de capitales especulativos y prácticas medioambientales perjudiciales
9. Impulso de las economías regionales por un proceso integral de industrialización agropecuaria, estimulando la incorporación de valor agregado, y priorizando la industrialización cerca de las regiones de economía primarizada. Aumento de escala en las cadenas globales de valor, pasando de la exportación de commodities agrícolas a una agricultura de alimentos y de biomasa.
10. Jerarquización de los Complejos Agroindustriales con capacidad de insertarse en las etapas más rentables de la cadena de valor, tanto en la producción de alimentos como de producción nacional en genética, insumos y equipamiento.
11. Fortalecimiento institucional y presupuestario, reestructuración funcional y operativa de los organismos que intervienen en la problemática: INTA, INTI, SENASA, Instituto Nacional de Semillas.
12. Acceso al crédito en condiciones adecuadas para el desarrollo de las Pymes del sector agropecuario. La transformación del crédito tendrá en cuenta: líneas de crédito orientado y supervisado; cláusulas de reembolso en valor producto y tasas de interés que reconozcan bonificaciones por historial de cumplimiento; fijación de topes máximos de créditos (adecuados a los distintos tipos de unidades productivas) garantizando así mayor disponibilidad para las unidades pequeñas y medianas; privilegiar las formas asociativas como medio de impulsar economías de escala y disminución de riesgos; promoción de sistemas de garantías recíprocas.