Informe sobre Empleo Público


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El presente informe tiene por objeto analizar la situación actual del empleo público en la administración pública nacional, a la luz de las demandas de la sociedad en relación a idoneidad, capacidad, eficiencia, entre otras condiciones requeridas a los funcionarios públicos.

Fuimos testigos durante los años del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner del ingreso de miles de empleados a la Administración Publica, sin que se garantizara el cumplimiento de la máxima constitucional de igualdad mediante la única condición de la idoneidad para el ingreso al empleo público, de acuerdo al artículo 16 de la Constitución Nacional. De igual modo dudamos que se haya garantizado la transparencia e igualdad de oportunidades y de trato en el acceso a la función pública durante los últimos años.

Por su parte, la magnitud del crecimiento del empleo estatal no registró otro antecedente en la historia de nuestro país. Tampoco encontró justificación y se ha producido simultáneamente con el deterioro en calidad y cantidad de los servicios propios del Estado. La política oficial se centró durante años en el reclutamiento masivo de militantes, familiares y amigos de los funcionarios de turno. En especial, los simpatizantes de las agrupaciones como La Cámpora, Kolina o JP Evita, entre otros.

A la par de esta exageración en la contratación de amigos y militantes en cargos de la administración pública, también aumentó el acoso y maltrato laboral en dependencias y organismos del Estado durante los últimos 3 años.

En la administración pública se utilizaron, como herramienta para amedrentar e imponer ideas, prácticas de acoso laboral, reducción de salarios, recortes de horas extras, charlas de adoctrinamiento político y una constante persecución ideológica, desplazamientos de personal en cargos jerárquicos.

Empleados obligados a dejar compulsivamente sus funciones para ir a algún destino inexistente, denigrados. Allí realizaban trabajos totalmente ajenos a los que venían desempeñando o sólo se les ofrece una silla y una computadora sin trabajo asignado. En la mayoría de los casos de los empleados administrativos que fueron desplazados por “no comulgar con la causa K”, se les redujo el salario de diferentes maneras. Dejaron de cobrar por horas extras, se les quitó incentivo por buen desempeño, o no pueden aumentar sus ingresos con gastos extraordinarios.

Lamentablemente estos graves casos no fueron reparados por el actual gobierno. No se intentó reparar a las víctimas ni concientizar a la sociedad sobre la persecución laboral y mucho menos se impulsaron herramientas que permitan evitar que hechos de estas características sucedan en cualquier momento de tiempo.

No puede meramente predicarse la igualdad ante la ley como un mero formalismo, sino que debe lograrse un equilibrio diferente para que ésta sea una realidad ejercitable. Se debe garantizar los mismos derechos a los trabajadores que desempeñan las mismas tareas a fin de evitar un caso de desviación de poder. Y se debe reparar a las víctimas de acoso laboral que se negaron a brindar su obsecuencia al gobierno anterior. Entre ellos, y a modo de 4 ejemplo, se encuentran desplazamientos originados al denunciar casos de corrupción, arbitrariedad en el ejercicio de la función pública, manifestar abiertamente su oposición a la política sectorial aplicada por el gobierno, por mantener vínculos con personas consideradas opositoras por el gobierno de turno, o simplemente llevar apellidos castigados por el mismo.

Las nóminas que se incluyen en el presente informe no resultan taxativas de las respectivas categorías sino apenas una enunciación que pone en ejemplos concretos una práctica demasiado extendida. Los casos concretos pondrán también en evidencia la importancia de la cuestión y los efectos derivados para la gestión y para la opinión pública.

La identificación de las personas y sus cargos tampoco importa ningún juicio o prejuicio respecto de capacidades o integridad personal. De lo que se trata es de advertir sobre la inexistencia de mecanismos y normas que permitan anticipar o sanear situaciones vinculadas con el manejo del estado, de sus recursos, de sus capacidades y de la garantía de confianza que deben emitir sus instituciones.

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