18/10/2018.
UNIVERSIDAD DE SAN LUIS: Las irregularidades en la suscripción de Convenios sin las necesarias aprobaciones del Consejo y las decisiones sobre gastos, podrían suponer la comisión de delitos penales que requieren ser incorporados a la investigación judicial que ya se encuentra en marcha en Comodoro Py con relación a situaciones similares en otras universidades.

Stolbizer: «Durante el gobierno anterior existió una práctica reiterada que era el desvío de dineros públicos que recibían las universidades con la apariencia de financiamiento de actividades extrañas a las casas de estudios».

MARGARITA STOLBIZER (Partido GEN), Presidenta de la ONG Bajo La Lupa se presentó ante la Justicia Penal Federal en la causa en la que se investigan las irregularidades cometidas para el desvío de fondos públicos a través de las Universidades Nacionales durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Solicitó ser tenida como amicus curiae para cooperar con la causa judicial. La denuncia está basada en las actuaciones administrativas llevadas a cabo por el Profesor Eduardo Borkowski de la Universidad Nacional de San Luis y el abogado Juan Carlos Calabria.

En el año 2016 ellos solicitaron información al Consejo Superior de la Universidad sobre transferencias millonarias que habrían recibido por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.

Stolbizer entiende que las irregularidades en la suscripción de Convenios sin las necesarias aprobaciones del Consejo, y las decisiones sobre gastos podrían suponer la comisión de delitos penales que requieren ser incorporados a la investigación judicial que ya se encuentra en marcha en Comodoro Py con relación a situaciones similares en otras universidades. «Durante el gobierno anterior existió una práctica reiterada que era el desvío de dineros públicos que recibían las universidades con la apariencia de financiamiento de actividades extrañas a las casas de estudios.
Ello puso de manifiesto la discrecionalidad, falta de transparencia y la posible comisión de delitos que deben ser investigados.»

«En los últimos años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se multiplicaron los convenios con diferentes universidades nacionales. En realidad, se trataba de un mecanismo para vehiculizar partidas millonarias destinadas a universidades públicas alineadas con el discurso oficialista y también para desviar recursos públicos que terminaban en manos privadas, sin controles, a través de mecanismos de tercerización de servicios o contrataciones que realizaban las instituciones educativas. En muchos casos se trató de un mecanismo para “ejecutar programas” de diverso interés que permitían liquidar facturas por servicios contratados sin licitación y con un laxo control. Así, el Estado y sus universidades conformaron un esquema de financiamiento manejado de forma discrecional que podría implicar la comisión de delitos por desvío de fondos públicos y que debe ser cuidadosamente investigado», explicó Stolbizer.

En el escrito, Stolbizer menciona la suscripción de diferentes convenios entre el Ministerio de Educación de la Nación y la Universidad Nacional de San Luis durante los años 2014 y 2015 y sus derivaciones como probables constitutivas de hechos de desvío de recursos públicos. A través de las resoluciones N° 1551/2014, 2534/14, 1041/15, 1042/15, 2349/2015, 2886/15, de la Secretaria de Políticas Universitarias se asignaron fondos significativos a la Universidad Nacional de San Luis: en total durante los años 2014 y 2015 se transfirieron $47.830.500.

«Se destaca la inexistencia de motivaciones legales, fundamentos jurídicos y económicos que validen estos convenios que no siguieron los procesos normales de contratación de la universidad. Tampoco contaban con el aval ni la homologación del Consejo Superior». La ex diputada del GEN explicó que la Universidad solicitaba la contratación de conformidad con las pautas que brindaba el Ministerio de Educación y era este último quien le enviaba el listado de los proveedores con su presupuesto y un análisis de idoneidad y experiencia en el rubro. La Universidad luego contrataba directamente de acuerdo al encuadre y pre-adjudicación del Ministerio y el Rector justificaba la contratación directa sin intervención del Consejo Superior ni del servicio Jurídico de la Universidad. y sin la conformidad fehaciente de la prestación del servicio contratado. Es decir, la Universidad pagaba a los proveedores sin saber si efectivamente el servicio se había cumplido.
De esa forma se simuló la financiación de actividades en Tecnópolis, en Villa Gesell, en Mar del Plata, entre otras, todas ajenas a los roles propios de la Universidad, con la repetición de empresas beneficiarias y el perjuicio evidente a las arcas del estado y de la Universidad.