¿PODÉS APROVECHAR ESTOS FERIADOS O TENÉS QUE TRABAJAR?

No habíamos terminado de almorzar y Tata preguntó: “¿Podés aprovechar estos feriados o tenés que trabajar?”. Pese al tono suave y afectuoso, la pregunta encerraba el reclamo.

Cuando hay campañas electorales (y llevo muchas encima) paso prometiendo que ya termina, que son sólo algunos meses o días más.

Cuando, como ahora, no hay tiempos electorales que apremien, la explicación es más difícil, o por lo menos mas atemporal. “Estamos consolidando lo que conseguimos, tratamos de crecer, hay que mejorar, el PAIS necesita una alternativa, hay que escuchar a la gente.”

De todos modos, en casa, por hábito o por convicción, ya no hay protestas, hay comprensión. Y todos colaboran y se comprometen.

Por las dudas, igual, recién acabo de poner unos scons en el horno para servirles una merienda “bien casera”.

Empezamos el viernes: Azul y Olavarría. El FAP dialoga. Así se llama este recorrido con los legisladores de los bloques nacionales y provinciales para salir a hablar con instituciones, escuchar sobre las problemáticas locales, y reunir a la fuerza militante sin la cual el mejor proyecto pierde fuerza y corazón.

Por suerte Juan me acompañó y entonces TAMBIEN aprovechamos a hacer una ligera parada en Tapalqué para visitar a la familia.

Todo salió muy bien. Dormimos en Azul y el sábado tempranito, con una mañana nublada y fría, salimos para Lezama al plenario de los distritos de la Quinta Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires. Hicimos 114 kilómetros por un camino de tierra para acortar distancias. Encontramos que estaba mejor que muchas rutas de la provincia y de las que cobran peaje o las vinculan en zonas pobladas y productivas.

Lezama estrena su autonomía, sus autoridades y es apreciable el orgullo que exhiben por esta conquista que les pertenece. En la reunión, militantes y dirigentes de 18 ciudades de la región, buen trabajo, mejor pronóstico.

Después de pasar por Racing y ver el segundo tiempo del partido de BASQUET contra los juveniles de Vélez (que gano por 28 puntos!!), llegamos a casa.

Poco rato para descansar y recomponerme un poco, allá salí hacia la Feria del Libro.

Victoria Donda, activa y comprometida con las buenas causas y los derechos humanos, organizo un Panel: “Desaparecidas en Democracia. La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la Argentina de hoy”.

A sala llena, excelentes exposiciones y una gran oportunidad para dar más visibilidad a este terrible tema que cruza nuestro tiempo.

Va mi PRESENTACION en el panel, que realizamos con la colaboración de Anastasia Cenoz y Alejandra Alcuaz.

“DESAPARECIDAS EN DEMOCRACIA. La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la Argentina de hoy”

TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

La trata de personas es mucho más que un delito: en la trata están condensadas todas las violaciones de los derechos humanos. Hablamos de que la trata de personas implica la explotación laboral, la reducción a servidumbre, la explotación de la mendicidad, la extracción de órganos, la apropiación y venta de bebés, o la explotación sexual. La relevancia de esta última (87%) nos dice que la trata está mayormente destinada al sometimiento a la prostitución de sus víctimas, de las cuales un 90% son mujeres y niñas.

Capitalismo y trata de personas: la esclavitud del siglo XXI

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera la trata de personas un delito transnacional. Asimismo, la catalogó como el tercer negocio mundial, antecedido por el tráfico de armas y el narcotráfico, y cuenta con la complicidad de las instituciones policiales, judiciales y políticas. Por este motivo es imperioso desbaratar las redes y denunciar las connivencias existentes con el poder. Estamos hablando de la esclavitud del siglo XXI.

El capitalismo siempre bregó por la libre circulación de las mercancías, pero requiere para su funcionamiento de diversas formas de esclavitud y de mecanismos que lo sostengan, sean estos legales o no, siempre haciendo especial hincapié en la expansión del consumo y las industrias. La trata de personas es un triste reflejo de ello. Abordar el problema de la trata implica considerar al ser humano como mercancía y pone en evidencia la industria que genera.

En la trata con fines de explotación sexual se reduce a las mujeres a esta categoría. La cosificación que se hace de las mujeres sirve a la promoción de la “industria” de la explotación sexual, en donde las mujeres somos tratadas como objetos de satisfacción de placeres sexuales de los hombres, somos consideradas como una mercancía de “libre circulación” (circulación entre las provincias, circulación entre los países, de cliente en cliente, de mano en mano) donde la oferta de cuerpos femeninos está a disposición de la demanda para consumo sexual.

En el capitalismo el desarrollo económico que gozan algunos sectores de la sociedad, crece de manera inversamente proporcional al desarrollo de los pueblos, lo cual condiciona el goce de sus derechos humanos. Esto se evidencia en la creciente desigualdad social propia de nuestras sociedades donde la redistribución de la riqueza es de tipo regresiva. En este marco de situación, donde la desocupación y la pobreza están a la orden del día, la inequidad social se traduce en vulnerabilidad y marginalidad social, las cuales sirven a los fines de las redes de tratantes. Estas redes, por medio de la promesa del trabajo anhelado por ejemplo, logran engañar y secuestrar a las personas para explotarlas sexualmente, laboralmente, entre otras formas de explotación. Se trata de una restricción a la elección de un plan de vida.

Es por esto que decimos que el capitalismo apaña formas clandestinas de explotación para seguir reproduciendo el capital así como las bases ideológicas que lo sustentan.

Las sociedades contemporáneas profundizan todo tipo de asimetrías. En el caso de la inequidad de géneros, ésta tiene su causa y fundamento en un imaginario social de tipo patriarcal. Es por este motivo que las sociedades sexistas “aceptan” la apropiación masculina del cuerpo de la mujer, mujer que se halla disociada como persona y se la ve como objeto, deshumanizada.

En la cultura patriarcal la masculinidad se concretiza en una supuesta virilidad que debe ser satisfecha por las mujeres más allá de los deseos y disfrute de ellas. Se trata de una mujer objeto de satisfacción sexual masculina. En el imaginario social los hombres son “poseedores” de una naturaleza animal de tipo instintiva, impostergable, urgente. Por ende, se considera que una vez provocados ya no son responsables de sus actos; este imaginario justifica cualquier acto de violencia. Si ellos no son responsables de sus actos, ¿entonces quién? Para esta cultura, somos nosotras las responsables de “desatar” su instinto, somos las culpables… Esto se debe a que somos consideradas como objetos dependientes de los varones, no como sujetos de derecho; se nos considera en relación a los hombres pero siempre en una posición subordinada y no en un pie de igualdad con ellos. Ya decían que veníamos de sus costillas.

De esta forma, el capitalismo se asegura una demanda garantizada por las representaciones que circulan en el imaginario social.

Algunas cifras que dan cuenta de ello:

Según cifras de la OIT, una persona menor de edad sometida a explotación sexual genera una ganancia de 130 mil dólares al año para la red de trata. Solo en América Latina y el Caribe, se calcula que 250 mil personas son víctimas de trata, una actividad que en la región produce beneficios ilícitos por hasta 1.348 millones de dólares anuales.

No hay que perder de vista que estas redes de trata generalmente coinciden con las redes que administran otros crímenes trasnacionales complejos, como el narcotráfico, el comercio ilícito de armas y el lavado de activos.

Sobre la falta de una política de Estado

En la Argentina, fue el esfuerzo y desesperación de los familiares de las víctimas de trata, y de sectores de la sociedad civil comprometidos con la causa, lo que permitió poner en evidencia la impunidad de la que gozan las redes de trata y dar visibilidad a estos crímenes. Ello hizo que como sociedad comenzáramos a tomar conciencia de este flagelo, generando una menor tolerancia colectiva para con estas formas de explotación. Hoy todos y todas estamos hablando de la trata y la explotación en todas sus formas.

Y aquí estamos en presencia de Susana Trimarco. Debido a su fortaleza y tenacidad, hoy es posible que estemos viendo juzgadas a 13 personas por el secuestro de su hija, Marita Verón. Fue ella misma quien, poniendo en riesgo su vida, logró el desmantelamiento de parte de la organización criminal y el rescate de algunas víctimas en su camino de búsqueda de justicia.

Para combatir este delito y ofrecer alguna solución a esta problemática es necesario avanzar en varias direcciones:

Por un lado, proceder al desbaratamiento de las redes de tratantes y denunciar sus vínculos con la justicia, con el poder político, con las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, rescatar, asistir y acompañar a las víctimas constituye una responsabilidad ineludible del Estado. Dicha responsabilidad trasciende al proceso de investigación, debiendo garantizarse todo tipo de recursos y condiciones en orden a su protección, como a la de su familia, y su futura reinserción social y laboral.

Por último, en lo que hace a la prevención, hacen falta campañas de difusión y sensibilización para evitar que potenciales víctimas sean sometidas al secuestro, el rapto, el engaño, o el abuso, propios del accionar de las redes.

Asimismo, es necesario concientizar en el hecho de que sin clientes no hay trata. Es muy importante tener en cuenta esto: porque si nadie quisiera satisfacer su deseos de paternidad o maternidad “comprando” un bebé (y no por medio de la adopción), si nadie comprara productos de fábricas o talleres en donde sabemos que sus trabajadores están sometidos a condiciones infrahumanas de explotación, y si nadie considerara a la mujer como objeto de deleite, este delito no existiría.

Desarrollar una seria política de Estado exige articular los esfuerzos de los gobiernos locales y el Estado nacional para la prevención, persecución e investigación del delito y, como hemos dicho, para una atención adecuada a las víctimas.

No es posible atacar esta problemática sin una perspectiva integral y acorde a las circunstancias que amerita toda criminalidad compleja y organizada.

La visibilización de este flagelo dio lugar a la sanción de la Ley de Trata de Personas en el 2008, la cual sentó las bases para combatir este delito. A pocos años de su vigencia, a la par que aumentan las denuncias, los procesos revelan la escasez de sentencias condenatorias y la imposibilidad de detectar grandes organizaciones delictivas o redes internacionales en los casos investigados.

¿Por qué?

En principio, no podemos dejar de señalar que hay causas estructurales y relaciones de poderque no se resuelven por medio de la sanción de leyes, o el aumento del poder punitivo, sino con una firme voluntad política en tal sentido.

Como en todos los delitos perpetrados por redes u organizaciones criminales, la impunidad la garantiza el sistema. Con ello nos referimos a la complicidad de los poderes locales y de las fuerzas policiales, las débiles y en algunos casos también corruptas instituciones judiciales, la negligencia manifiesta en la falta de coordinación entre el Estado nacional y los estados provinciales en la persecución e investigación, la escasa y desarticulada protección y asistencia prestada a las víctimas, así como la insuficiente financiación para las iniciativas provinciales o locales contra la trata.

De acuerdo al informe del CELS del año 2011, numerosos expedientes judiciales han mostrado la connivencia de la agencia policial con el ejercicio de actividades ilícitas vinculadas a la trata de mujeres, a la explotación de la prostitución ajena y al regenteo de las llamadas “casas de tolerancia”. La voluntad de brindar protección ilegal a los regentes de los prostíbulos a cambio del pago regular de una suma de dinero, garantizando el libre desarrollo de su comercio ilícito, se manifiesta en reiterados casos y constituye una práctica sistemática. (CELS, remitiendo a “La investigación judicial de la trata de personas con fines de explotación sexual en la Argentina”, Buenos Aires, 2010).

En 2010, el jefe de la unidad anti-trata de la policía fue acusado de administrar burdeles y permanece bajo investigación, aunque sigue en la fuerza. En noviembre de 2010, la UFASE realizó una investigación que implicó a 90 funcionarios de la Policía Federal en la falsificación de registros para proteger burdeles a cambio de sobornos; en algunos de estos burdeles se explotaban niños. En marzo de 2011, cinco inspectores de policía implicados en este caso fueron apartados de sus cargos. Sin embargo, durante el año pasado el gobierno no procesó ni condenó a ningún funcionario gubernamental involucrado en la trata de personas.

Al mismo tiempo, el desempeño de las acciones policiales y judiciales en la resolución de investigaciones que alcanzan cierto grado de complejidad es preocupante. Si bien en relación al 2010, durante el año 2011 ha aumentado el número de condenas, procesamientos e investigaciones judiciales abiertas, ello sigue siendo insignificante en comparación con la cantidad de víctimas relevadas.

Las deficiencias estructurales del sistema de justicia penal para avanzar con eficacia en investigaciones de cierta complejidad o que se involucren con intereses de sectores de peso económico o político pueden apreciarse tanto en el ámbito federal como en los provinciales.

En aquellos casos que involucran redes ilegales u organizaciones criminales, las investigaciones se limitan a los eslabones más débiles de la cadena, incluso mujeres que siendo aun víctimas atraviesan un proceso de conversión de “víctima en perpetrador”. De este modo, el alcance de la investigación no llega a quienes detentan el poder en estas organizaciones, quienes permanecen impunes.

En este marco, el estudio del CELS sobre las causas penales que mencionamos anteriormente, permitió concluir que las investigaciones judiciales, en general, no han ido más allá de los captores, encargados regentes o dueños de los prostíbulos. Las tareas investigativas no se han dirigido a las organizaciones o redes ilegales que hay detrás de esos eslabones particulares.

Asimismo, el informe anual de la UFASE (unidad fiscal especial que persigue la trata) revela que la mayoría de las causas llegan a la justicia alcanzada la etapa de acogimiento y consumada la explotación y éstas no aseguran el cese del funcionamiento del lugar de explotación. Así haya condena y reparación a la víctima, esta inoperancia -cuando no complicidad- de las administraciones locales, las fuerzas policiales, y las instituciones judiciales se traduce un mensaje de impunidad.

Por otro lado, nos encontramos con los inconvenientes derivados de los conflictos de competencia entre el fuero federal y local, por la aplicación del delito de trata de personas, materia de investigación de los tribunales federales, o sus vinculados, como ser la corrupción de menores, la promoción de la prostitución, o cualquier otra forma de explotación, que son delitos comunes de competencia de los tribunales locales.

Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó ciertos lineamientos, adoptando el principio de que la investigación debe quedar en manos de la justicia federal hasta que razonablemente pueda descartarse la hipótesis de la trata, ello no alcanza para sortear las dificultades que se presentan.

Tanto la posibilidad de tener que reconducir la investigación en forma tardía y extemporánea, como la dispersión de investigaciones e investigadores, son la antesala de un caso perdido, y éste es uno de los problemas principales que presenta esta superposición de fueros. Problema que se hace más grave cuanto más grande y complejo resulta el hecho o los hechos a probar.

La ausencia del Estado se evidencia también a la hora de brindar protección, asistencia integral y acompañamiento a las víctimas. En este aspecto las acciones llevadas a cabo son aisladas y fragmentadas, interviniendo distintas secretarías y ministerios. Se requiere una política de Estado real y contundente, con un programa adecuado de atención integral a las víctimas y para ello es necesario un presupuesto acorde. En la actualidad sólo existen medidas paliativas que mantienen a la víctima en situación de vulnerabilidad permitiendo su reinserción en las redes por no haber asegurado su desconexión con cualquier integrante de la cadena que las redujo a la condición de explotación. Precisamente esta es una de las cuestiones que se pretende especificar en la reforma legal.

En el plano legislativo:

Además de la falta de estipulación de un programa integral de protección y asistencia a las víctimas y la previsión de las partidas presupuestarias para tal fin, una de las falencias de la legislación actual es la distinción entre las víctimas mayores y menores de edad. Es impensado que una persona pueda consentir su propia esclavitud y que una persona explotada sexualmente deba necesariamente “en persona” denunciar a sus explotadores, y si es mayor de edad, demostrar que fue coercionada a tal explotación.

A través de la unificación del tipo penal que se propone en los proyectos de reforma a la ley de 2008, pretendemos desterrar de nuestra legislación y de nuestras prácticas judiciales todo resabio que pueda redundar en una revictimización de quien padece estos crímenes, como también evitar que el consentimiento ¿libre? dado por la víctima mayor de edad pueda eximir de responsabilidad a los autores o partícipes del delito.

En correlato con esta reforma, tenemos presentado un proyecto de ley que propone incorporar al Código Procesal Penal el protocolo de actuación frente a delitos contra la integridad sexual del Estatuto de Roma para la creación de la Corte Penal Internacional.

El Estatuto de Roma busca proteger la intimidad de la víctima para evitar su revictimización durante el proceso de investigación. Nosotros proponemos un cambio de paradigma en la investigación de estos delitos: a) No se requerirá la corroboración del testimonio de la víctima; b) El consentimiento de la víctima no podrá ser utilizado como argumento para la defensa; c) No se aceptarán pruebas sobre la conducta sexual de la víctima, anterior ni ulterior al hecho de la causa; d) Para declarar la pertinencia o admisibilidad de pruebas, se celebrará una audiencia de la que participarán el fiscal, la defensa y la víctima o su representante legal, a puertas cerradas y se levantará un acta con los resultados, preservando la intimidad de la víctima.

El informe de la Relatora Especial de la ONU sobre Trata en Argentina corrobora lo que venimos diciendo hasta ahora: que en los últimos años aumentó la trata laboral y sexual, incluida la trata de niños y niñas; existe una pobre coordinación de las actividades contra el tráfico de personas entre organismos nacionales y provinciales; hay una inadecuada protección de las víctimas; y la cooperación con países vecinos de los que proceden mayoritariamente las víctimas en Argentina, como ser Bolivia, Paraguay y República Dominicana, es insuficiente.

Cuando el año pasado desde la Presidencia de la Nación se anunciaba la adopción de medidas trascendentes en la lucha contra la trata de personas, esperábamos que se hiciera eco de las falencias operativas aquí descriptas.

Sin embargo, y a pesar de tantos bombos y platillos que precedieron el anuncio, sólo se limitó a prohibir por decreto la publicación en medios gráficos de avisos clasificados con ofertas sexuales (el famoso rubro 59) y, lo que podía significar un primer paso en la incorporación de la problemática en la agenda del gobierno, fue tan sólo un hecho simbólico, la generación de un hecho político más a los que nos tiene acostumbrados la Presidenta.

No está nada mal pretender desterrar ciertos patrones socioculturales que vulneran la dignidad de la mujer y abordar la trata de personas con fines de explotación sexual desde una perspectiva de género, y la ley y la reglamentación son un instrumento válido para ello, pero esta medida testimonial dista de conformar una política estatal de lucha y compromiso contra la trata de personas.

Lo que se requieren son acciones y políticas que permitan desmantelar las redes y organizaciones criminales que ya están arraigadas y actúan con total impunidad y con poder territorial.

Por eso es que sostenemos que hace falta voluntad política, que no alcanza con una reforma legislativa, a la que no desmerecemos sino que propiciamos porque entendemos que sí podría corregir algunas deficiencias de nuestro sistema legal y judicial. Pero no se resuelve el problema agravando penas, p.ej., o con el reconocimiento de un amplio espectro de derechos y garantías en el plano formal, sino combatiendo a las organizaciones criminales que actúan con la connivencia/participación de los poderes locales y las fuerzas policiales.

Colaboracion Anastasia Cenoz y Alejandra Alcuaz

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