Diagnóstico

La Argentina está próxima a cumplir 10 años con una inflación de dos dígitos, y en los últimos 5 se ubicó persistentemente por encima del 20%. En un mundo de baja inflación, la Argentina ostenta el triste récord de ubicarse, junto a Venezuela, en el podio de los países con mayor inflación de todo el mundo.

La alta inflación es un verdadero flagelo que tiene múltiples impactos sobre la economía, pero indudablemente son los sectores carenciados los que más la padecen: cada punto porcentual adicional de inflación genera 70.000 nuevos pobres en la Argentina. Por esta razón, un gobierno veraderamente progresista no puede hacerse el desentendido en materia inflacionaria, y la lucha contra la elevada inflación debe ser una verdadera prioridad de la política económica.

El actual gobierno parece contentarse con la desaceleración de la inflación, que pasó del 36% en 2014 al 26% en la actualidad. Es inadmisible conformarse con semejante nivel inflacionario (que más que cuadriplica al promedio de los países vecinos), debemos establecer un objetivo claro y razonable en materia de reducción persistente de la inflación: llegar al año 2019 con una inflación de un dígito.

Ejes

Implementaremos un programa macroeconómico integral orientado a resolver el problema de la alta inflación y las distorsiones de los precios relativos que la acompañan en el marco de un plan de desarrollo de mediano y largo plazo. Para ello se coordinarán los instrumentos de política monetaria, cambiaria, fiscal y de ingresos de manera consistente y sustentable.

No todos se perjudican con la alta inflación. El gobierno de turno es el principal beneficiario, ya que el “impuesto inflacionario” representa una fenomenal fuente de recursos: hoy es la cuarta fuente de ingresos, por detrás del IVA, la Seguridad Social y el Impuesto a las Ganancias. Así, el gobierno se financia a costa de los sectores de menores ingresos, que son los que más sufren la inflación. Por eso el programa anti-inflacionario será la prioridad Nº1 de la política conómica en el corto plazo.

Los objetivos intermedios son el equilibrio fiscal y el superávit externo. Estos superávit “gemelos” garantizan la sustentabilidad fiscal y externa, le dan solidez a la economía y la vuelven menos vulnerables a los cambios de contexto de la economía mundial.

Propuestas de corto plazo

Recuperción de un INDEC creíble e independiente del poder. Difícilmente se podrá combatir la inflación si no tenemos mediciones creíbles. Será un organismo descentralizado, con autonomía técnica y de gestión, con presupuesto autónomo, fijado por la ley de presupuesto de la Nación. Previamente se separarán de los cargos a todos lo que formaron parte de la intervención del INDEC desde el 2007, se reincorporarán los directores y personal técnico cesanteado y se pondrá en marcha el proceso de concursos y configuración de la nueva estructura.

Implementación de una política monetaria sin financiamiento al Tesoro a través de la emisión y compatible con el sostenimiento del tipo de cambio competitivo. No se apelarán a las políticas de elevadas tasas de interés reales ni se utilizará al tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, que sólo tiene resultado en el cortísimo plazo pero a costa del sector productivo y de las economía regionales. La mejor forma de construir credibilidad en materia de lucha contra la inflación es que el gobierno establezca objetivos claros y explicite qué herramientas de política económica utilizará para poder cumplirlos.

Recuperación de una mayor independencia instrumental del Banco Central para lograr los objetivos fijados por el Poder Ejecutivo, poniendo el énfasis en la protección del valor de la moneda, la búsqueda del pleno empleo y el mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero.

Propuesta de mediano plazo

Mejorar la calidad del gasto público:

• a) Reformulación de las prioridades para reducir progresivamente el déficit fiscal, propendiendo a un objetivo de equilibrio fiscal estructural en el mediano plazo.
• b) Mejora realen la distribución del ingreso y en el acceso a la educación, a la seguridad social y a los servicios básicos
• c) Reducción sustancial de los subsidios económicos a las empresas y a los hogares de más altos ingresos, manteniendo tarifas sociales para todos aquellos hogares que lo requieran
• d) Revisión del gasto en la obra pública a través de una evaluación social de los proyectos y de licitaciones transparentes que terminen con los sobreprecios, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas.

Desde el estado se debe trabajar en coordinar las expectativas de inflación del sector privado explicitando el compromiso en materia inflacionaria y en las herramientas de política económica (cambiarias, monetarias, fiscales) que se utilizarán para cumplir dichas metas, generando espacios de diálogo con empresarios y trabajadores que permitan acordar los aumentos en función de la inflación esperada (en lugar de la pasada) y extendiendo progresivamente el plazo de los acuerdos salariales. Esto permitirá acabar con el componente inercial de la inflación y reconstituir la confianza de los actores económicos y sociales.

El programa antiinflacionario incluye la regulación de los mercados monopólicos y oligopólicos, aplicando la ley de defensa de la competencia (con la conformación del Tribunal de Defensa de la Competencia), con el objetivo de evitar que formadores de precios se constituyan en mecanismos de propagación de la inflación.

Política de deuda soberana responsable y sustentable. La política de endeudamiento del actual gobierno es insostenible,ya que paga tasas de interés astronómicas que triplican a las de nuestros vecinos. Es necesaria la conformación de un gran acuerdo político nacional entre los principales partidos en el marco del Congreso de la Nación para iniciar un proceso de negociación con legitimidad interna para resolver integralmente la reestructuración inconclusa. Encontrar una resolución a esta cuestión es una condición necesaria para que el costo de financiamiento del estado nacional se ubique en valores razonables. Esta negociación debe priorizar nuestra soberanía, las posibilidades de desarrollo económico y social de la Argentina y la protección de los sectores más vulnerables.