En medio de la crisis sanitaria y económica, el Gobierno solo avanza con su agenda judicial
Por Margarita Stolbizer.
Uno de los principales dilemas de los argentinos es que elegimos representantes con la esperanza de que defenderán el bien común, pero solo terminan sosteniendo sus propios intereses. Eso nos pone frente al otro dilema de esta democracia: los que gobiernan en nombre del pueblo han demostrado tener como única o principal preocupación, articular mecanismos que les permitan “zafar” de la Justicia por hechos de corrupción en su pasado no tan lejano.
Estos son dilemas morales, no de otro tipo: los mismos que son investigados son los que promueven las reformas. También quienes designan o remueven magistrados. Esas cosas del reino del revés que no serían aceptables en ningún otro país del mundo.
Eso es lo que realmente hay que entender cuando se analiza el proyecto de Reforma de la Ley del Ministerio Público: quiénes están por detrás y para qué se impulsan estos cambios. ¿Por qué en estos momentos? Cuando la población en su conjunto pasa por sus mayores momentos de angustia e incertidumbre, la prolongación de la pandemia, el aumento de casos, la letalidad en personas jóvenes, la falta de vacunas por mala gestión, el impacto económico, social, laboral. Como si no tuviéramos suficientes preocupaciones y cuestiones por resolver, los mandamases que nos gobiernan solo ponen pie en el acelerador de los temas judiciales.
La inclusión y jerarquización del Ministerio Público que dispuso la Reforma Constitucional de 1994, junto con los principios del constitucionalismo social, los mecanismos de democracia semidirecta, ponían énfasis en una nueva concepción del estado de derecho, con división y control del ejercicio de las funciones de los poderes públicos y una mayor participación ciudadana, para fortalecer instituciones que valdrían a la Nación una nueva mirada del mundo en la post dictadura, afianzando una democracia recuperada y la vigencia plena de derechos y libertades.
A esta altura del recorrido democrático resulta dolorosa la admisión sobre el retroceso que implica abordar estas discusiones en lugar de meternos en los debates que el mundo tiene sobre el futuro del trabajo, el desarrollo con innovación y la igualdad como horizonte.
El fortalecimiento de la democracia se ha sostenido, entre otras cosas, con el equilibrio que la Constitución impuso en el ejercicio de los poderes. Del mismo modo, las mayorías especiales que se determinaron y las que se plasmaron en las leyes dictadas a posteriori pero a la luz de esa reforma, son el freno a cualquier intento de abuso de poder, pero también y especialmente, fueron pensadas para abrir un camino hacia una democracia sostenida en el diálogo, la convivencia, el respeto y los acuerdos entre las fuerzas políticas.
Así se sancionaron una enorme cantidad de nuevas leyes realmente trascendentes que también respondieron a la autonomía fijada en el texto superior. Porque justamente en la independencia de esos organismos radica la fuerza del estado de derecho.
Se dotó al Ministerio Público de autonomía y autarquía, instituido como un poder extra, por fuera de los otros.
La pretensión que trae esta reforma impulsada por el kirchnerismo apunta directamente al corazón de esa institución. Lo hace cayendo sobre la mayoría agravada para la designación del Procurador, y también al modificar la composición del Tribunal de Enjuiciamiento, dejando a los fiscales al arbitrio de cualquier aislada voluntad desde el poder político.
En igual sentido, la composición y atribuciones de que se pretende dotar a la Comisión Bicameral preanuncia una influencia exagerada para el legislativo controlado por el poder de mayorías y poco dispuesto, en la actualidad, a consensuar con otras composiciones parlamentarias.
La Procuración está convocada a defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Pero la persona a cargo puede quedar embretada por los poderes mayoritarios que tendrán en sus manos la posibilidad de su designación como de su remoción. Un abuso no tan increíble frente a lo que estamos viendo: el aprovechamiento de una posición mayoritaria en el poder legislativo para impulsar una reforma que es inconstitucional y que afectará gravemente el funcionamiento del Ministerio Público, con la única finalidad de quedarse con el control de los magistrados que lo integran y por tanto, la posibilidad de influir en sus decisiones. Hay por tanto, hoy, un aprovechamiento de esa mayoría circunstancial que transforma en ilegítimo el ejercicio de las funciones a las que accedieron de manera legítima.
Hay muchas cuestiones que se podrían y deberían reformar para un mejor funcionamiento del sistema de justicia. Un debate impensable sin que la parte principal deban ser los propios actores de ese sistema. Pero no es éste el camino.
Dice el Dr. Miguel Ortiz Pellegrini sobre el MPF: “En coordinación con las demás autoridades de la República tratándose de un verdadero “cuarto poder” debe coordinar sus actividades con las demás autoridades de la Nación. Coordinar es concertar medios, esfuerzos, etc, para “una acción común”, lo que significa que debe concertar con los demás poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Se trata en primer lugar de una limitación a las funciones del MPF, pues no puede actuar solitariamente al promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, sino en coordinación con las demás autoridades de la Nación; debe concertar con ellas la búsqueda de un mismo fin, que es el fin del Estado, el bien común de la sociedad, pero donde el MPF tiene una importancia fundamental, pues es el abogado de esa sociedad, es el defensor de ésta ante el Poder Judicial, los intereses de ella son los del MPF, no defiende los intereses del estado ni los de un gobierno en particular e impulsa la defensa de los intereses generales de la sociedad; no son mandatarios de mayoría ni minorías electorales, sino representantes de la sociedad en su conjunto, ajeno a los cambios y humores circunstanciales de los partidos que legítimamente disputan el gobierno del Estado”.
Los cambios que se esperan hacia un sistema acusatorio pondrán a los fiscales a cargo del impulso (o no) de la acción penal pública y llevarán adelante las investigaciones de los delitos federales, entre ellos, los relacionados con la corrupción. El proyecto avanza sobre su independencia y pondrá en cuestión y en riesgo el accionar incluso al margen de lo que ellos hagan o dejen de hacer. Caerá sobre ellos siempre la sospecha sobre los intereses que los mueven. Ha sido muy sana en este sentido la posición y las advertencias largadas por la agrupación de fiscales federales preocupados por defender su independencia.
Argentina transita un proceso de debilitamiento de su democracia, de sus instituciones y de sus autoridades, que se paga en costos que cargan los sectores con menos espalda. Hemos perdido credibilidad externa y confianza social. Se van disminuyendo nuestras capacidades y nuestra identidad de clase media con vocación ascendente y un estado capaz de responder desde la política para asegurar esa movilidad.
Se puede salir, claro que sí. Poniendo de manifiesto una firme voluntad de acuerdos, con un diálogo menos fotográfico y con más contenido y con liderazgos ejemplares, de esos que no están a la vista. Necesitamos que emerja el bien común como vocación, saliendo de la confrontación hacia la cooperación. Hay mucho por conversar. Y mucho más por realizar. Manos a la obra.