Discurso Margarita Stolbizer:
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN
Sesión de la Fecha: 27 de Febrero de 2013
Señor presidente: nuestro interbloque ha firmado un dictamen que rechaza el acuerdo. De todos modos, anticipo en qué carácter y con qué ánimo participamos de este debate. No lo hacemos con el ánimo de la confrontación por la confrontación misma, ni siquiera pensando en el legítimo ejercicio de nuestro espacio político de representación plural y democrática dentro de la oposición.
Participamos con el espíritu de cooperar en un debate que sentimos necesario. Nos hubiera gustado intervenir en otras condiciones, seguramente en otro tiempo, sin un acuerdo ya firmado, lo que nos hubiera permitido a nosotros y fundamentalmente al gobierno construir una legitimidad política y popular que constituiría la mejor respuesta para los familiares de los ochenta y cinco compatriotas que perdieron sus vidas en el atentado de cuya causa estamos hablando.
Es importante tener en cuenta que cuando se habla de razones y políticas de Estado existe una estrecha vinculación con la legitimidad social y popular y no meramente electoral que esas políticas deben tener. Sin embargo, a nuestro juicio, la forma que ha quedado en discusión impide analizar en profundidad lo que hay detrás de este acuerdo, firmado en Etiopía y traído a la Argentina cuando muchos nos preguntábamos dónde estaría el canciller mientras la presidenta estaba de gira por Asia. De la noche a la mañana nos desayunamos con un acuerdo ya firmado que sin lugar a dudas esconde una cantidad de secretos que el debate debería intentar develar.
En toda esta cuestión han quedado de manifiesto nuestras incapacidades comunes. Me hago cargo de las que toda la política democrática argentina tiene en su deuda como respuesta frente al atentado, el crimen y el esclarecimiento de sus responsabilidades políticas y penales. Pero a pesar de esas deficiencias que la política democrática en general debe asumir, no podemos desconocer que este gobierno ha agregado errores e impericias propias de una gestión que los ha llevado a firmar un acuerdo absolutamente inconducente, inconveniente y seriamente peligroso para la Argentina.
Ayer discutimos sobre cuestiones formales, pero que no son menores. No se trata simplemente de la forma cuando hablamos de un acuerdo firmado sin reglas de procedimiento; se trata de un memorándum de entendimiento que va a definir, si se quiere, el destino de una causa judicial y, por lo tanto, no pueden dejar de existir las reglas de procedimiento sobre las que se regirá el funcionamiento de la comisión que se crea.
El canciller intentó en algún momento establecer un paragón con las normas del Estatuto de Roma para la creación de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, todos saben que la dura negociación de los Estados en el año 1998 en Roma, tuvo como condición fundamental para firmar dicho estatuto, la firma en simultáneo de las reglas de procedimiento que son exquisitas, puntuales, específicas y que, por supuesto, establecerán después qué cosa es un interrogatorio, una simple cuestión y una declaración indagatoria –porque este acuerdo no lo dice para nuestro derecho positivo.
Estamos hablando de la urgencia, la insistencia, las imprecisiones, la ambigüedad, las incertidumbres y el rechazo contundente del pueblo argentino en un altísimo porcentaje a este acuerdo por las cuestiones que esconde o las implicancias que puede tener. Ni hablemos de las organizaciones judías, en cuya casa se cometieron los atentados. Esto nos afecta a todos los argentinos, pero no hay que desconocer fundamentalmente que fue en esa casa donde ocurrieron los atentados. Por lo tanto, su opinión es relevante para definir una posición.
Más allá de las deficiencias técnicas que tiene este memorándum, hay razones humanas y morales que, a nuestro juicio, impiden su aprobación, de la misma manera que también existen implicancias políticas.
Quiero tomar lo que fue aquella posición del intelectual francés Emile Zola cuando tomó el caso de Alfred Dreyfus en 1898, al acusar lo que había sido una imputación antisemita, adulterando las razones de la causa. Lo que se intentó fue buscar y desentrañar aquella causa para no ser cómplices, dijo, entre otras cosas, Emile Zola. Nosotros justamente queremos desentrañar algunas de las cuestiones que hay atrás de este acuerdo, porque no queremos ser cómplices. Tampoco queremos que lo sea el gobierno.
En este sentido, como en aquella acusación, queremos acusar la falta de formas y de reglas de procedimiento en un acuerdo ya firmado sobre el que se pretende luego construir una falta de legitimidad subsanada en un debate de estas características.
Acusamos también por los cambios de postura de la Argentina. Esto quedó perfectamente claro en el propio mensaje que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner enviara al Congreso. Aquella firmeza de posición que había sostenido Néstor Kirchner cuando llevara la causa ante las Naciones Unidas, exigiendo a Irán que se someta a la acción de la Justiciaargentina, fue cambiada uno o dos años después, con lo que se empezó a amortiguar la posición de la exigencia de sometimiento hacia un pedido de cooperación.
Esto no nos parece mal. El pedido de cooperación también está dentro de los razonamientos que nosotros tenemos o de las acciones que la Argentina debiera llevar adelante. Después se salió de lo que era la exigencia de Justicia y el pedido de cooperación para llegar a la propuesta del tercer país neutral. Todas estas cuestiones son aceptables y es posible que hayan permitido a la Argentina avanzar y progresar. Lo que no tiene explicación posible es cómo se trastrueca de la exigencia al pedido, de la propuesta al sometimiento y al allanamiento, y al pedido de Irán, que siempre fue la conformación de una comisión de la verdad. Esta comisión no va a administrar Justicia, pero el gobierno argentino termina aceptando que se le concedan atribuciones de revisión de nuestra causa judicial.
Ayer leímos en la comisión, y no lo reiteraré en este ámbito por falta de tiempo –aunque solicitaré que se incorpore a la versión taquigráfica , los párrafos del mensaje de la presidenta de la Nación a este Congreso cuando reconoce a la Comisión de la Verdad la posibilidad de revisar las causas. Incluso dice que tendrá atribuciones para esclarecer la causa. La comisión debe esclarecer crímenes, responsabilidades y no tiene por qué meterse en una revisión de la causa, que es la concesión en términos de jurisdicción más grave que este gobierno ha hecho en favor de Irán.
Nosotros también queremos acusar y denunciar por la mentira, porque lo que ha ocurrido con la Argentina es que ha cambiado su posición respecto del compromiso público de la presidenta en relación con la consulta previa a los partidos políticos y a las organizaciones sociales, que no existió porque el acuerdo se firmó sin que ninguna de esas cuestiones existiera. No es este debate el que va a permitir discutir después de que el acuerdo fue firmado.
Acusamos también a este gobierno de violentar la Constitución por asumir atribuciones judiciales que no le corresponden, que le están absolutamente vedadas o por violar, obviamente, la garantía de los jueces naturales.
Acusamos al gobierno de no tener voluntad de esclarecer los crímenes ni las responsabilidades; acusamos claramente al canciller por sus errores. Resaltamos el papelón grosero al que nos sometió el canciller en el día de ayer, reconociendo que la traducción del inglés al castellano, que cambió una “coma” por una “y”, permitió interpretar que la Comisión de la Verdad tenía el doble de los miembros que los que establecía el instrumento.
Dice con claridad el instrumento en español que se remitió a este Congreso que la Comisión de la Verdad está integrada por diez miembros y esto no es así. La comisión, según la versión inglesa, que es la que prevalece, tiene solamente cinco miembros, y este error y papelón con implicancias hacia fuera y dentro de la Argentina fue reconocido ayer por el canciller en el plenario de comisiones.
Acusamos también al gobierno de someter la causa AMIA y los sentimientos más fuertes de nuestra nacionalidad a sus propias necesidades, porque lo que necesitamos analizar, saliendo de la cuestión y de la crítica a la letra del instrumento -que es una aberración jurídica, política y mora- son las motivaciones. Aquí es donde nosotros venimos a denunciar que se ha sometido una causa de estas características, un sentimiento que tienen los argentinos detrás de ese crimen y atentado, a las necesidades financieras y fiscales del gobierno.
En este punto quiero leer lo que ha sido la expresión del propio presidente iraní. A fines del año pasado dijo en una conferencia de prensa lo siguiente: “Estoy seguro de que cuando las investigaciones tengan lugar de manera precisa e imparcial, el terreno estará preparado para la ampliación de las relaciones entre Irán y Argentina”. La única interpretación posible de esto es: primero borremos la mancha y después hablamos del comercio.
Se ha hablado mucho de los granos, y quiero decir que debemos estar demasiado atentos en los próximos tiempos a las banderas que entren a descargar petróleo en nuestros puertos. Estamos en una situación complicada, se somete a esta causa a necesidades financieras porque el pago de las facturas por importaciones petroleras sigue siendo muy costoso para nuestra economía y hay que buscar sanearla.
Pero hay si se quiere una cuestión mucho más grave dentro de lo que son las implicancias y la necesidad de utilización política de esta causa, que es el tema electoral. Sin ninguna duda se ha buscado una causa de alto impacto, de alta sensibilidad social para volver a construir una épica sobre la cual instalar de nuevo los sueños de eternidad de un gobierno al que se le empieza a esfumar como agua entre las manos esto que hoy quieren recoger con este acuerdo espurio.
No hay ninguna duda de que hay, y por eso acusamos y denunciamos, un intento de manipular y de apropiarse –como lo han hecho en otras oportunidades- de una causa que no les pertenece, y ni siquiera han tenido la capacidad –como otras veces- de reconocer los errores cometidos en el camino.
Este Congreso ya se cargó una mancha y una bandera maldita cuando aprobó la expropiación de Ciccone para poner un freno a la Justicia y tapar también los delitos por los que se investiga hoy al vicepresidente de la Nación. Esta volverá a ser sin duda otra mancha para este Congreso porque será la libre interpretación del proyecto de democratización de la Justicia, que es el disciplinamiento para parar las causas más fuertes, más graves, por las que se investigan crímenes como el atentado a la AMIA o los episodios de corrupción.
Venimos aquí con el espíritu de cooperar, porque el debate profundo, el debate caliente, es una cuestión que nos debemos en este Congreso. Esperamos que los resultados del debate nos permitan entendernos entre las fuerzas políticas para construir esa legitimidad que hoy le está faltando al gobierno y al acuerdo.
Por supuesto, y esta es la razón de nuestro voto negativo, nos hacemos cargo del mandato popular que nos ha investido para llegar a estos asientos. Nos hacemos cargo del mandato de verdad con justicia y sin impunidad que hoy expresa la mayoría del pueblo argentino.