5/04/2016.
Stolbizer: “el gobierno debe mostrar transparencia y sentido social. Los aumentos de tarifas también requieren despejar cualquier sospecha sobre los conflictos de intereses que afectan a los empresarios que las deciden”.
La Diputada Nacional del Partido GEN, Margarita Stolbizer, presentará una nota al Ministerio de Energía y Minería y al Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS) solicitando se dejen sin efecto las Resoluciones 28 y 34 que dispusieron a partir del 1ro de abril los nuevos precios para el gas natural en cuencas productoras y en boca de pozo.
Los argumentos son que las normas no citan cuál es la facultad de la autoridad emisora para fijar precios, carecen de dicha atribución y por tanto existe un exceso en las facultades propias del Ministerio, lo que es violatorio de los principios constitucionales que garantizan a esos efectos los derechos de usuarios y consumidores en el artículo 42 de la Constitución Nacional; tampoco han citado criterios para el establecimiento de los precios que se fijan por cuanto la intervención resulta compleja de aplicación y arbitraria por el mecanismo utilizado; no se ha realizado la Audiencia Pública ni ningún proceso de consulta previa de conformidad a lo que hubiera correspondido; y por último, aparece con claridad el conflicto de intereses a que se refiere la Ley Nacional de Ética Pública, debiendo haber correspondido la abstención de los funcionarios intervinientes.
Stolbizer también prepara una acción judicial como un amparo con medidas cautelares que suspendan la puesta en vigencia de esas resoluciones hasta tanto se cumplan los pasos legales (información, audiencia publica, etc.)
Pero de manera especial, Stolbizer pone énfasis en los conflictos de intereses que rodean hoy las decisiones en materia tarifaria: «El sector energético está prácticamente autorregulado. Los funcionarios que toman decisiones provienen del mismo sector al que hoy controlan y otorgan aumentos. La Oficina Anticorrupción debería estar ocupándose de resolver estas cuestiones, de dictar un protocolo frente a los múltiples casos de conflictos de interés que tiene el actual gobierno. El Ministro, el Secretario, El Subsecretario y el interventor del Enargas tienen intereses o vienen de la industria petrolera y por aplicación de la ley de ética pública se deberían haber abstenido de participar.»