21/04/2016.
Hace ya muchos años que los precios aumentan en forma constante, pero desde hace unas semanas, esta situación se acrecentó notablemente. “La obligación alimentaria, de la cual son beneficiarios los niños de padres separados, ha quedado desprotegida frente a la inflación por no contar con mecanismos de actualización, esto obliga a iniciar una vía judicial que puede llevar hasta un año de trámite y cuando finalmente se establece el aumento, nuevamente queda desactualizada”, explicó la Diputada del GEN Margarita Stolbizer, quien esta semana volvió a presentar un proyecto que promueve la modificación del art. 7 y el 10 de la ley 23.928, y establece una excepción específica aplicable a las obligaciones alimentarias.
Desde hace varios años la legisladora se ha hecho cargo de este problema sin encontrar receptividad en sus pares para aprobar la reforma solicitada
Muchos sectores sociales están amparados por diversos mecanismos para cubrir el valor adquisitivo de sus ingresos. Las paritarias permiten actualizar los salarios; y dos veces al año, por imperativo legal, se actualizan los haberes de los jubilados. El gobierno dispone también diversos aumentos de las prestaciones sociales, sin necesidad de que el beneficiario tenga que llevar adelante un juicio previo. Pero ninguna previsión legal protege a quienes viven de una cuota alimentaria que debe permitirles cubrir las necesidades de salud, educación, vivienda, vestimenta y recreación, entre otras. Aquí ninguna ley ampara a quienes viven con los menores, generalmente las madres, para enfrentar los habituales aumentos de precios de libros, ropa, medicamentos y comida.
La ausencia de solución legislativa provoca que los niños y sus madres dependan de la buena voluntad del padre para pactar una forma de actualización de los alimentos. Si no existe esa voluntad, las madres se ven obligadas a recurrir a la Justicia para reclamar que se actualice la cuota tantas veces como lo exija el ritmo inflacionario. Esto acarrea, además, una mayor conflictividad familiar y un aumento de los gastos. En la doctrina argentina hay un claro consenso que pide el dictado de una ley que autorice al Juez a imponer de oficio un modo de actualizar las cuotas alimentarias.
“De este modo se logra en el acuerdo de partes o en el fallo judicial, que el valor de la obligación alimentaria no se deprecie por el tiempo y que su actualización no se convierta en un conflicto reiterado entre los padres, ante el problema del alza de precios, que lleve a una desaconsejable litigiosidad que lastima la relación familiar, perjudica al menor y aumenta el número de trámites judiciales, en forma innecesaria”, fundamentó Stolbizer.
“Es necesario y urgente el tratamiento de este proyecto que he vuelto a presentar el 31 de marzo, para atender una de las mayores injusticias que produce la inflación”, finalizó la legisladora.