Por irregularidades detectadas por la AGN
La diputada nacional Margarita Stolbizer solicitará la interpelación de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) comunicara irregularidades en las compras y contrataciones realizadas por ese Ministerio durante la emergencia sanitaria declarada por COVID 19. Además, Stolbizer presentó una denuncia ante la fiscalía de investigaciones administrativas para que se investigue la posible comisión de delitos.
“Ni el Estado ni la declaración de emergencia pueden ser usados para amparar conductas ruines y delictivas porque, una vez más, se juega con la vida y la salud de las personas. Los funcionarios deben dar explicaciones en el Congreso y la Justicia debe investigar”, enfatizó la diputa.
Estamos nuevamente frente a un episodio en el que funcionarios del Gobierno nacional actúan fuera de la ley. No es la primera vez que la emergencia es utilizada para sortear procedimientos formales y normados para las contrataciones y compras públicas, pese a que ello no debería en ningún caso considerarse una habilitación para dejar de lado la integridad y transparencia que debe existir en todas las acciones que los funcionarios llevan a cabo en tan condición.
Dentro de los hallazgos de la AGN -no siendo los únicos-, se puede mencionar:
– No se han presentado las declaraciones juradas relacionadas con intereses que pudieran afectar a los involucrados.
– Los productos adquiridos no contaban con la obligatoria certificación de ANMAT.
– Ausencia de informes técnicos en ocasiones en que correspondía haber contado con ellos.
– Falta de vinculación entre expedientes de compra y expedientes de pago.
– Errores de confección en la documentación que producen dudas respecto de la transparencia del proceso.
– Diferencias importantes entre las notas de crédito emitidas y el anticipo financiero previsto en los contratos.
– Diferencias entre las órdenes de pago y lo efectivamente facturado por las empresas.
– No hay informes de la Dirección de Contabilidad y Tesorería ni intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Y no se ha garantizado la integridad en la contratación y la observancia de la Ley de Ética Pública respecto de alguna de las empresas intervinientes, pudiendo observarse el conflicto de intereses o la comisión de delitos más graves contra la administración pública.
– No hay documentación respaldatoria de los precios de mercado y en muchos casos el monto de la compra excede el que estaba habilitado por la normativa.
Sin duda hay anomalías de índole administrativa pero también aparecen hechos que podrían constituir delito y esa es la razón que motiva una denuncia penal. Ellas son: las diferencias entre pagos autorizados y los efectivamente hechos, excediendo los montos; la compra de insumos que no contaban con la aprobación técnica del organismo a cargo, ANMAT; la AGN ha detectado también que la empresa privada Aeromedical S.A contó con un trato preferencial, incluso se emitió en su favor una orden de pago por la provisión de más de 3 millones de barbijos siendo que la firma ni siquiera había sido evaluada y no contaba con los informes que la norma requiere. Más grave aún es que el titular de dicha firma privada era un agente contratado por el estado en el mismo Ministerio que estaba contratando con ella.