La decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, fogoneada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que tiene como estrategia la descalificación de jueces, de no acatar la resolución de la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia respecto de la distribución de los fondos de coparticipación a las provincias genera un clima de inestabilidad política e institucional preocupante.

El motivo de semejante postura es evidente: las provincias que gobiernan quienes comparten el signo político del Gobierno nacional presionan porque perderían los favores traducidos en partidas económicas que la Nación otorga de manera arbitraria y discrecional.

La actitud del primer mandatario es inaceptable en términos constitucionales y democráticos y es pasible de ser penada por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El sistema republicano consagrado por la Constitución Nacional se sostiene sobre la base de la división de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en un sistema de frenos y contrapesos que, claramente, no está siendo respetado por el Presidente y pone en juego el Estado de Derecho.

Debe quedar en claro que no se trata de una supuesta defensa del federalismo como el Gobierno intenta presentar esta situación. La Corte decidió darle la razón a la Ciudad en un reclamo presentado en 2020, cuando Fernández le recortó fondos al Gobierno porteño para otorgar un aumento a la Policía Bonaerense, en medio de una protesta de dicha fuerza. Eso había obligado a la Ciudad a armar un presupuesto de contingencia que incluyó la creación de impuestos a los gastos realizados con tarjetas de crédito.

Lo que el máximo tribunal judicial argentino dictaminó es que el Ejecutivo nacional  entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 2,95% de la masa coparticipable, aún cuando el reclamo exigía el 3,5% de reintegro. Desde 2020, la CABA perdió $250 mil millones.

El país necesita de manera imperiosa estabilidad política y las reglas deben cumplirse, más allá de que sean o no del agrado o conveniencia de cada uno.

El Gobierno emprende, así, un camino hacia el autoritarismo y la suma del poder público que nos preocupa porque un Gobierno que no acata una resolución judicial, puede no aceptar una derrota electoral, no entregar el mando y pretender eternizarse en el poder.