El flagelo de la corrupción impacta sensiblemente en los derechos humanos


14/08/2018.
Stolbizer y Vega piden audiencia de interés general a la CIDH (comisión interamericana de derechos humanos) para analizar el impacto de la corrupción y la baja confianza social en la justicia.

Objetivo: Poner de manifiesto el estudio realizado sobre las debilidades del sistema judicial argentino frente a la corrupción, analizar los altos niveles de desconfianza social en la justicia y analizar el impacto económico de la corrupción y la vulneración de los derechos fundamentales de las personas.

Los abogados y ex diputados nacionales Margarita Stolbizer y Juan Carlos Vega pidieron audiencia de interés general a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de acuerdo a lo que dispone y autoriza el Reglamento de la Comisión, “para analizar el impacto que tiene la Corrupción en la vigencia efectiva de los derechos humanos consagrados y operativos por la Convención Americana de Derechos Humanos, motivada por la promoción y la defensa irrestricta de los derechos fundamentales de las personas y el agravio que para ello constituye la profundización y extensión que ha tenido en todo el continente el fenómeno de la corrupción.”

“Nuestro objetivo es poner de manifiesto el estudio realizado sobre las debilidades del Sistema Judicial argentino frente a la corrupción, analizar los altos niveles de desconfianza social en la Justicia argentina registrados en los 34 años de democracia como consecuencia de la impunidad de los delitos del Poder, y analizar el impacto económico de la corrupción: su costo directo para el Estado, medido a través de sobreprecios en los presupuestos de obras públicas y su costo indirecto”, explicaron Stolbizer y Vega.

El pedido de audiencia se legitima en el Art.66 del Reglamento de la CIDH y encuentra fundamento en la impunidad de la corrupción, el informe sobre desconfianza social en la Justicia -encargado por el Colegio de Abogados de Córdoba- que arrojó que el 82% de los encuestados manifestó tener baja, nula o escasa confianza en el sistema de justicia, la resolución 1/18 de la CIDH “corrupción y derechos humanos” y

“La corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad, debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad”, recogen de esta manera los peticionarios lo dispuesto por la Resolución 1/18 de la Comisión Interamericana”.

En el escrito presentado, los ex legisladores se proponen saltear la mera denuncia de acontecimientos puntuales, para enrolarse en un análisis más amplio que incluye el impacto también en otros países de la región; y para eso ubican el Caso Odebrecht como una muestra de la gravedad de la situación. Para eso también incluyen una batería de propuestas que deberían incorporarse dentro del sistema penal judicial para hacer más efectiva la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, el decomiso anticipado y la extinción de dominio; aplicación de la ley de responsabilidad penal empresaria; modificación de la figura del Funcionario Público; y que el procesamiento firme de un Funcionario Público por actos de Corrupción o Lavado de Activos implica su inmediata suspensión de funciones, sea designado o elegido por el voto popular.

La petición se encuentra patrocinada por el jurista Alejandro Garro y suscriben como peticionarios referentes políticos, jurídicos, instituciones y organizaciones sociales. Stolbizer y Vega han sido diputados nacionales y en diferentes periodos presidieron la Comisión de Legislación Penal, teniendo ambos una vasta trayectoria internacional en la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, en el día de la fecha el Senador Nacional Juan Manuel Pais del interbloque Argentina Federal presentó un proyecto para declarar de interés de la Cámara la presentación realizada ante la CIDH.

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