Desde 2008, 1.808 mujeres fueron asesinadas víctimas de la violencia de género. Cada 30 horas una mujer es ultimada a manos de un familiar, pareja o expareja.

1. Hacer efectiva la implementación de la Ley 26.485 de «Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales». Poner en marcha un equipo interdisciplinario responsable para su seguimiento y cumplimiento.

2. Casas Refugios para la atención integral de mujeres que han sido víctimas de violencia por razones de género en el ámbito familiar y para personas que dependan de ellas. Estas instituciones proporcionarán albergue de manera temporal como así también la manutención tanto de las mujeres como de sus hijos/as y apoyo especializado de profesionales que contengan y acompañen en la búsqueda de alternativas estables.

3. Garantizar a las víctimas el acceso a la justicia, con personal idóneo y capacitado en cada fiscalía y en cada comisaría. Las causas de los fueros civil y penal se unificarán. Las víctimas tendrán acceso a patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso judicial.

4. Ayuda económica para víctimas de violencia de género. Además de implementar y promover la Red Nacional de asistencia integral a mujeres víctimas, crearemos un Programa de asistencia y ayuda a la víctima de violencia de género mediante una asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, durante todo el tiempo que las mismas se encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto se reinserten laboralmente según cada caso. Esta ayuda será otorgada en casos de emergencia y coordinada por equipos psicosociales de profesionales.

5. Elaborar el Registro Oficial Único de víctimas de violencia contra las mujeres. Realizar estadísticas oficiales y actualizadas sobre femicidios.

6. Garantizar y profundizar la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista.

7. Implementar el monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que les impone la Justicia.