Clarin.com – Nota de Opinión 02/09/15 – Margarita Stolbizer.
Hace ya muchos años que los precios aumentan en forma sostenida pero la ley de convertibilidad, en sus artículos aún aplicables, como la prorrogada Ley de Emergencia Económica, impide establecer mecanismos de actualización de las deudas en dinero.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, se cuenta con herramientas para paliar, en parte, las consecuencias de la inflación. Así, los trabajadores obtienen en las paritarias los incrementos salariales; las jubilaciones se aumentan, según ordena la ley, dos veces al año; y también se redeterminan, por distintos mecanismos, los precios de la obra pública. Pero ninguna previsión legal protege a quienes viven de una cuota alimentaria que debe permitirles cubrir las necesidades de salud, educación, vivienda, vestimenta y recreación, entre otras. Aquí ninguna ley ampara a quienes viven con los menores, generalmente las madres, para enfrentar los habituales aumentos de precios de libros, ropa, medicamentos y comida.

No suele presentarse una situación conflictiva cuando la persona obligada a prestar alimentos acuerda un mecanismo de actualización. Pero el problema se verifica en los casos en que se rehúye el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Cuando ello sucede, la ley deja desprotegidas a las mujeres (que generalmente conviven con los hijos menores), quienes deben pedirle a un juez que la cuota mantenga su poder adquisitivo.

La ausencia de solución legislativa provoca que los niños y sus madres dependan de la buena voluntad del padre para pactar una forma de actualización de los alimentos. Si no existe esa voluntad, las madres se ven obligadas a recurrir a la Justicia para reclamar que se actualice la cuota tantas veces como lo exija el ritmo inflacionario.

Esto acarrea, además, una mayor conflictividad familiar y un aumento de los gastos. En la doctrina argentina hay un claro consenso que pide el dictado de una ley que autorice al Juez a imponer de oficio un modo de actualizar las cuotas alimentarias. Es urgente el tratamiento del proyecto presentado en la Cámara de Diputados para alcanzar la tan declamada igualdad de la mujer y ampliación de derechos para los niños y los jóvenes.

Están en juego las prestaciones básicas alimentarias y también la independencia económica de las mujeres, quienes ante la depreciación monetaria deben cubrir los mayores gastos hasta que un Juez reconozca su reclamo.

Alcanzaría con un simple texto que permitiera incluir cláusulas de actualización para las obligaciones alimentarias.

Así de simple. No se puede seguir bloqueando una respuesta legislativa.

Igual que con su torpe negativa a imprimir billetes de mayor valor, el Gobierno se desentiende del perjuicio que produce esa negativa porque su único objetivo es negar la inflación. Y esta actitud recae siempre sobre los más vulnerables.

Margarita Stolbizer, candidata a pesidenta de la Nación por PROGRESISTAS.