NUEVO INFORME DE LA ONG BAJO LA LUPA
Buenos Aires, 07/11/2018.
STOLBIZER: «No se puede achicar el estado a costa de trabajadores y engrosar costos contratando a privados para que hagan lo mismo que se puede hacer con el personal de planta. Hemos detectado el mismo proceder que con la contratación de consultoras privadas»

La Asociación Civil Bajo La Lupa presidida por Margarita Stolbizer, detectó irregularidades en las contrataciones de estudios jurídicos y abogados externos realizadas por el Poder Ejecutivo Nacional y un abuso en el mecanismo que implica mayores costos no justificados para el estado.

La ONG fue constituida en el 2017 y tiene por finalidad promover una cultura de transparencia y participación ciudadana, mejorando la gestión y el uso de los recursos públicos.

En esta oportunidad se ha hecho un relevamiento de diferentes contrataciones de abogados y estudios jurídicos para asesoras o representar al estado desde la externalidad de la estructura institucional. Los departamentos jurídicos de los ministerios y organismos del estado cuentan con un plantel aproximado de 5000 profesionales. Sin embargo, se utiliza de manera recurrente la contratación para cubrir acciones que, según dice el informe de Bajo La Lupa, bien podría realizarse con dichos planteles.

Según se detalla en el Informe, los departamentos jurídicos de los ministerios tienen un plantel de unos 5000 profesionales, sin embargo, se
contrata a estudios o abogados externos. Durante Abril de 2018 detectaron 100 contratos que no están debidamente justificados. «Se están privatizando tareas que son propias del Estado».

A título de excepción, las normas que regulan la defensa del Estado Nacional admiten la posibilidad de contratación de abogados para la representación y patrocinio en juicio del Estado Nacional. No obstante, su excepcionalidad y especial naturaleza pública, y la Procuración del Tesoro ha sostenido que las actividades del Cuerpo no resultan susceptibles de “tercerización” como si fuera un servicio privado. Frente a una situación de excepción, debería justificarse mediante un informe circunstanciado que lo fundamente y cumplimentar los demás recaudos exigidos para integrar el Cuerpo de Abogados del Estado.

«Analizamos las contrataciones y detectamos dificultades para identificarlas por la escasa información brindada. En la mayoría de los casos no nos brindaron información sobre los montos ni sobre el cumplimiento del objetivo del contrato por parte de los estudios externos. La carencia de la documentación en la Procuración del Tesoro imposibilitó además advertir conflictos de interés que pudieran perjudicar los intereses del Estado», explicó Stolbizer.

Según explicaron desde la asociación Bajo La Lupa, este análisis fue llevado adelante con el objetivo de “promover una cultura de transparencia y participación ciudadana, para reconstruir la confianza social en las instituciones públicas y privadas, como también incentivar la transparencia, el control público y social y la rendición de cuentas como atributos de la gestión”.

Entre las conclusiones, el Informe registra que existen contrataciones directas que vulneran los principios de transparencia y no discrecionalidad que debería tener la gestión. Y que la Administración cuenta con personal que realiza o podría realizar las mismas tarea. Por tanto, esas contrataciones implican también un sobrecostos que no están suficientemente justificados.