Margarita Stolbizer Y Nelson Castro presentaron la encuesta de percepción social de la corrupción de la ONG BAJO LA LUPA
Los resultados y conclusiones de la encuesta de percepción social de la corrupción de la ONG BAJO LA LUPA fueron presentados hoy, a través de una plataforma virtual, por la ex diputada y el periodista Nelson Castro.
Todo el material está cargado en el sitio web de la Asociación Civil Bajo La Lupa que ha realizado distintos tipos de informes y presentaciones en los tres años de existencia
(Informe Bajo la Lupa Agosto 2020)
La muestra se ha realizado sobre más de 800 casos en distintas provincias y ciudades, estratificada por sexo, edad, nivel educativo, socio económico y zona geográfica. El sistema de recolección de datos ha sido presencial sin identificación y online a través del sitio web de la ONG, en base a 17 preguntas cerradas.
Los resultados más contundentes evidencian el nivel de importancia elevado que la ciudadanía tiene sobre la corrupción, junto con el desempleo y la inseguridad que también relacionan con la falta de transparencia en la gestión pública. El ámbito donde se percibe que se cometen más actos de corrupción es el gobierno nacional, con una contundente preminencia respecto de los gobiernos municipales o la policía y seguida por la justicia. Y entre las prácticas más frecuentes se mencionan el enriquecimiento ilícito, el soborno y la malversación de recursos, o sea, todos asociados a políticos y funcionarios públicos.
Si bien la ciudadanía se manifiesta mayoritariamente dispuesta a colaborar en mecanismos de control social, hay una marcada resignación por la falta de denuncias de hechos concretos, entendiendo que “no pasa nada”, o sea, que no se percibe que exista sanción.
Al respecto, Margarita Stolbizer hizo referencia a los indicadores de Transparencia Internacional: “Argentina tiene clasificación (2019) de 66/180 y Puntuación de 45/100. Por eso la encuesta busca preguntarnos ¿qué pasa en la ciudadanía argentina con la corrupción?”.
Sobre el final, Stolbizer marcó la importancia de contar con un mayor compromiso para la prevención y disuasión de estas prácticas y la existencia de un poder judicial independiente que pueda cumplir un rol eficaz en el combate a la corrupción evitando la impunidad de los delitos.