Stolbizer solicitó informes en virtud de la implementación de la Ley de Acceso a la Información sobre Contrataciones en Universidades, construcción de Jardines de Infantes y de Estudios Jurídicos o Abogados. Fueron dirigidos al Ministro de Educación y al Jefe de Gabinete.

Margarita Stolbizer, Presidenta del Partido GEN, presentó una serie de pedidos de información relacionados con diversas contrataciones del estado, a fin de buscar justificación y rendición de cuentas de esas medidas.

Al Dr Alejandro Finocchiaro, Ministro de Educación solicitó informe la nómina de universidades y entidades educativas que conforman el “Registro de Convenios del Estado Nacional con las Universidades y otras entidades educativas”, así como las autorizaciones especiales para la realización de esos acuerdos, los objetivos y límites generales, qué tipo de tercerización se autoriza a las universidades para que a su vez puedan o no realizar transferencias de recursos.

«Al inicio de la gestión, el Presidente Macri anunció que se iban a restringir los mecanismos de desvío de recursos a través de las universidades, de los que el gobierno anterior había hecho abusos incurriendo en maniobras delictivas. Advertimos que siguen existiendo y no se conocen las limitaciones y controles que la administración realiza sobre ese funcionamiento. Es necesario transparentar el manejo de las cuentas públicas y evitar la distracción de los recursos hacia fines por lo menos innecesarios en asociaciones intermediarias sin justificación.»

Apelando a la ley de libre acceso a la información, Stolbizer también solicitó información sobre licitaciones para la “Construcción de Jardines de Infantes con la provisión de materiales, maquinarias, mobiliarios y mano de obra necesarios para su completo cumplimiento». Ello implica una erogación millonaria de la que no se exhiben resultados concretos, al menos en la dimensión en que habían sido anunciados.

«El Presidente Mauricio Macri anunció la construcción de 3000 jardines de infantes para recibir a más de 600.000 chicos en salas de 3 y 4 años. Sin embargo, a mediados de 2017 se informó en entrevistas periodísticas que solo se habían construido 100, y que el plan se había reconvertido a un programa de aulas, es decir agregar aulas donde ya existen jardines de infantes», explicó la ex diputada. Por lo tanto, solicitó se informe el grado de avance de este nuevo programa, que sucedió con los pliegos y adjudicaciones ya realizadas como con los adelantos o contratos, cuántas aulas se construyeron, en qué localidad y provincia, como también de que modo se dio a publicidad dicho cambio. «Es necesario conocer los detalles del proceso licitatorio, en particular sobre las empresas que se presentaron y las que resultaron adjudicatarias, sobre la ejecución y entrega de obra y sobre los controles que el estado ha practicado sobre esas cuestiones. Nuestra información indica que no se ha realizado lo que se prometió y pese a que se giraron a las empresas muchos más recursos de los que se habrían invertido en las obras.»

Por otro lado, Stolbizer envió una carta al Lic. Marcos Peña, Jefe de Gabinete, solicitando información sobre la Resolución 34/2018 de la Procuración del Tesoro de la Nación que autoriza la contratación de abogados o estudios jurídicos externos para asesorar o representar al estado nacional, particularmente, de la dependencia que formaliza las contrataciones, datos de los estudios jurídicos o abogados contratados, monto de los contratos, vigencia, y asuntos para los que fueron contratados.

«Es necesario que este gobierno asegure la transparencia y justifique sus contrataciones para garantizar que no existan conflictos de intereses ni incumplimientos en la normativa vigente», concluyó. «Mientras sobreabundan los anuncios y ajustes relacionados con el achicamiento del déficit fiscal, se observan gastos no siempre justificados en contrataciones para actividades que se podrían resolver con el mismo cuerpo de profesionales con que cuenta el estado.»