No todos se perjudican con la alta inflación. El Gobierno de turno es el principal beneficiario, ya que el «impuesto inflacionario» representa una fenomenal fuente de recursos: hoy es la cuarta fuente de ingresos, por detrás del IVA, la Seguridad Social y el Impuesto a las Ganancias. Así, el Gobierno se financia a costa de los sectores de menores ingresos, que son los que más sufren la inflación. Por eso el programa anti-inflacionario será la prioridad 1 de la política económica en el corto plazo.

1. Recuperación de un INDEC independiente del poder de turno (Idea #9). Difícilmente se podrá combatir la inflación si no tenemos mediciones creíbles. Será un organismo descentralizado, con autonomía técnica y de gestión, con presupuesto autónomo, fijado por la ley de presupuesto de la Nación. Previamente se separarán de los cargos a todos lo que formaron parte de la intervención del INDEC desde el 2007, se reincorporarán los directores y personal técnico cesanteado y se pondrá en marcha el proceso de concursos y configuración de la nueva estructura.

2. Implementación de una política monetaria sin financiamiento al Tesoro a través de la emisión y compatible con el sostenimiento del tipo de cambio competitivo. No se apelarán a las políticas de elevadas tasas de interés reales ni se utilizará al tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, que sólo tiene resultado en el cortísimo plazo pero a costa del sector productivo y de las economías regionales. La mejor forma de construir credibilidad en materia de lucha contra la inflación es que el Gobierno establezca objetivos claros y explicite qué herramientas de política económica utilizará para poder cumplirlos.

3. Recuperación de una mayor independencia instrumental del Banco Central para lograr los objetivos fijados por el Poder Ejecutivo, poniendo el énfasis en la protección del valor de la moneda, la búsqueda del pleno empleo y el mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero.

4. Mejor gasto público. Reformulación de las prioridades para reducir progresivamente el déficit fiscal, propendiendo a un objetivo de equilibrio fiscal estructural en el mediano plazo. Reducción sustancial de los subsidios económicos a las empresas y a los hogares de más altos ingresos, manteniendo tarifas sociales para todos aquellos hogares que lo requieran. Revisión del gasto en la obra pública a través de una evaluación social de los proyectos y de licitaciones transparentes que terminen con los sobreprecios, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas.

5. Diálogo entre empresarios y trabajadores para acordar precios y salarios a mediano plazo a partir de los nuevos índices sobre la inflación esperada (y no, como hasta ahora, sobre la inflación pasada) y los compromisos de política económica. Esto permitirá coordinar las expectativas de inflación de los actores económicos y sociales, acabar con el componente inercial de la inflación y reconstituir la confianza de los actores económicos y sociales.

6. Regulación de los mercados monopólicos y oligopólicos, aplicando la ley de defensa de la competencia (con la conformación del Tribunal de Defensa de la Competencia), con el objetivo de evitar que formadores de precios se constituyan en mecanismos de propagación de la inflación.